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Bruselas propone castigar los delitos contra el medio ambiente con penas de cárcel

España y Portugal son los únicos países de la UE donde el transporte marítimo de residuos no se considera delito

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: sábado 10 febrero de 2007
La Comisión Europea presentó ayer una ley para castigar en toda la UE conductas como el vertido y la emisión de sustancias contaminantes o el transporte ilegal de residuos, con sanciones que podrían llegar a diez años de prisión y multas de hasta 1,5 millones de euros.

El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, explicó que la iniciativa nace con el fin de evitar en el futuro sucesos como el ocurrido el año pasado en Costa de Marfil, donde el "Probo Koala", buque fletado por una empresa holandesa, descargó 400 toneladas de sustancias tóxicas, lo que causó la intoxicación de 50.000 personas.

La normativa exigirá que una serie de actividades, entre las que también se incluye el comercio irregular de especies amenazadas y de sustancias perjudiciales para la capa de ozono, tengan la consideración de delitos cuando sean realizadas "de manera intencionada o con grave negligencia". A la hora de aplicar las sanciones, se considerarán "circunstancias agravantes" los actos que produzcan muerte o grave menoscabo para la integridad de las personas, serios daños medioambientales o que sean obra de grupos organizados.

Las penas de prisión podrán alcanzar entre cinco y diez años, en caso de delitos graves, y las multas máximas oscilarán entre los 300.000 y los 1,5 millones de euros, dependiendo del caso. Además, la normativa contempla, como otras posibles sanciones, la obligación de reparar los daños causados y la prohibición temporal o definitiva de ejercer algunas actividades industriales o comerciales.

En la actualidad hay países que ya cuentan con una legislación penal adecuada en el área del medio ambiente, como Bélgica, Irlanda y Suecia, mientras que otros están en un nivel medio, como España, Polonia, Holanda, Reino Unido y Luxemburgo. Dimas destacó que España y Portugal son los únicos países de toda la UE donde el transporte marítimo de residuos no se considera delito.

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