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Científicos y ecologistas reclaman un plan de choque contra el aumento de la erosión

Denuncian que las prácticas urbanísticas son incompatibles con la protección ambiental

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: jueves 9 marzo de 2006
La ONU ha declarado 2006 como Año Internacional de los Desiertos y recuerda que la desertización afecta ya al 40% de la superficie del planeta y al 37% de la población. El proceso de cambio climático y la degradación del planeta, del que la sequía y los desiertos son una manifestación más, ha rescatado esta preocupación en las agendas políticas. España será una de las sedes de este Año Mundial de los Desiertos. Así, Almería acogerá en septiembre un simposio sobre el tema y, entre hoy y el sábado, el museo Cosmocaixa reúne en Alcobendas (Madrid) a expertos internacionales en las jornadas "Desertificación y Seguridad Ambiental: Consecuencias y Prevención".

"España es el país más árido del continente europeo y también el más afectado por la amenaza de desertificación. Sin embargo, la percepción social de este problema es escasa", admite José Luis Rubio, del Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE), en Valencia. Y es que, según el inventario de suelos afectados por la erosión, el 67% de la superficie del país sufre un riesgo de desertización medio o alto, mientras las zonas húmedas, sobre todo cantábricas y pirenaicas, apenas cubren la tercera parte del Estado. El Ministerio de Medio Ambiente admite que 23 millones de hectáreas (un 46% del país) sufre una intensidad de erosión que "excede los límites de lo tolerable".

Los científicos y ecologistas reclaman un plan gubernamental de lucha contra la erosión que no acaba de llegar. "Hace unos cuatro años se nos pasó un documento para aportar medidas, pero al final entra la política y me imagino que el asunto seguirá en un cajón", señala Patricio García, director en funciones del CIDE. "El borrador sigue en el Ministerio de Medio Ambiente. Es una de esas cosas que se quedan en el tintero, el gran suspenso medioambiental de Zapatero", corrobora Miguel Ángel Soto, responsable de Bosques de Greenpeace.

Angelines Nieto, de Ecologistas en Acción, encuentra la respuesta en el hecho de que "una política de choque afectaría a varios ministerios: Fomento, Agricultura, Medio Ambiente,... y no hay manera de conciliar los intereses de todos". Para el profesor de Hidrología y Restauración de Áreas Degradadas de la Universidad de Valladolid, Joaquín Navarro, "lo dramático es que esto está en la mesa desde hace 30 años y no hay ni esfuerzos ni coordinación".

Prácticas incompatibles

Los diagnósticos coinciden que, en conjunto, los 50 millones de hectáreas que ocupa España son víctimas de un cúmulo de prácticas humanas incompatibles con la protección ambiental. Esos 23 millones en los que ya hay constancia de graves daños acumulan agresiones en forma de prácticas agrícolas inadecuadas (quema de rastrojos, laboreo intensivo), mala política forestal (rozas, eliminación de matorral, incendios), erosión del suelo (abandono progresivo de la agricultura de secano) y obras públicas mal planificadas.

"Hacer casas y carreteras es mucho más irreversible que el hecho de que se queme el monte", asegura Patricio García. Y la disminución de las capacidades del suelo afecta a la vida sobre él. "Si se elimina el sustento básico, el suelo es fácilmente desplazable", comenta el director del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, Eduardo Galante, para quien "no hay estudios específicos, pero la suma de estos comportamientos incompatibles está fragmentando el hábitat".

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