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Compra pública “verde”

A pesar de que la legislación exige el aumento de la compra ecológica y responsable por parte de las administraciones, diversos estudios revelan que en España todavía hay un largo camino por recorrer

Los consumidores no son los únicos que deben concienciarse a la hora de comprar de forma ecológica. De hecho, la Administración Pública, cuyo gasto equivale al 18% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea, tiene también una gran responsabilidad. En este sentido, diversas experiencias en todo el mundo demuestran que la contratación con criterios ecológicos permite el ahorro de miles de euros y una reducción importante del impacto medioambiental. Sin embargo, a pesar de que la legislación exige el aumento de la “compra pública verde”, diversos estudios y expertos señalan que en España todavía hay un largo camino por recorrer.

Escasa implantación en España

En 2008, se aprobaba el Plan de Contratación Pública Verde aplicable a la Administración General del Estado. El texto introduce los criterios sociales y ambientales en los procesos de compra públicos para adaptarse así a la normativa europea. En este sentido, la Declaración de Lisboa del año 2000 se refiere también a la compra pública verde como “contratación pública responsable”, y establece como objetivo que la Administración europea sea más eficiente y sostenible antes de 2010.

/imgs/2008/05/obreros02.jpgEl plan español se marca unas metas que cumplir entre los años 2010 y 2015 en los campos de la construcción y el mantenimiento, el transporte, la energía, los equipos de oficina, el mobiliario, la limpieza y los eventos. Por ejemplo, señala una reducción de energía del 9% para 2010 y de agua del 20%, consumir un 50% de papel reciclado en 2010 y un 90% en 2015, reducir el número de publicaciones en un 40% respecto a 2006 para 2015, etc.

Asimismo, la campaña Procura+ pretende introducir los criterios europeos de contratación pública verde en todos los Estados miembros. En España la organización Bakeaz y el Ecoinstitut de Barcelona son los responsables de su correcta implantación.

La Declaración de Lisboa del año 2000 se refiere a la compra pública verde también como “contratación pública responsable”Diversos ayuntamientos, universidades, gobiernos provinciales y autonómicos o el Ministerio de Medio Ambiente (MARM) han aprobado programas o introducido criterios sostenibles en sus sistemas de contratación. Sin embargo, el propio MARM reconoce que la implantación de la compra pública verde en España es más bien escasa. Por su parte, Ecologistas en Acción tilda de “incompleto e insuficiente” al Plan de Contratación Pública Verde, ya que en su opinión se marca unos objetivos modestos y unos plazos de implantación excesivamente amplios.

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