El Consejo Nacional del Clima echó ayer a andar meses después de lo previsto y con una titánica tarea sobre la mesa: orientar las políticas medioambientales del Gobierno y otras administraciones, así como las estrategias medioambientales del sector privado, y sacar a medio plazo a España de las listas de infractores de los compromisos internacionales contra las emisiones contaminantes causantes del efecto invernadero y del cambio climático mundial.
Para el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, la puesta en marcha del Consejo a mitad de legislatura no representa inconveniente alguno. Es, a su juicio, el «momento procesal oportuno» para activar este nuevo órgano consultivo, de composición ampliada respecto a la fallida tentativa anterior de su predecesora, Isabel Tocino. Ahora -dijo- «conocemos las reglas de juego, todos los mecanismos incluidos en el Protocolo de Kioto (1997)».
Este va a ser el enorme reto que aguarda a los miembros del Consejo -representantes de 12 ministerios, todas las comunidades autónomas, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), organizaciones empresariales, sindicatos, grupos ecologistas, consumidores y usuarios, junto a científicos y expertos medioambientales-, revertir los índices rampantes de contaminación atmosférica de España, y ajustarse a los compromisos adquiridos en la ciudad nipona.
Una vez constituido bajo la presidencia del propio Matas, el Consejo elegirá un comité permanente cuyo cometido será elaborar una estrategia para el cumplimiento del Protocolo, que recoge el compromiso de la comunidad internacional de reducir significativamente los vertidos de dióxido de carbono (CO2) y otros cinco gases de efecto invernadero para el año 2012. También se le encomendará -señaló el ministro- elaborar un banco de datos sobre el cambio climático, en coordinación con la Oficina Española encargada de las estrategias sobre este fenómeno planetario, y a la que algunas voces del panorama medioambiental consideran inoperante y redundante respecto al Consejo creado ayer.
España, el más infractor
La puesta en marcha del Consejo se vio ayer empañada por los últimos datos medioambientales llegados de Bruselas. La Agencia Europea del Medio Ambiente dio a conocer los niveles de emisiones atmosféricas contaminantes de los Quince correspondientes al año 2000 y ratificó lo ya sabido: que España es el socio más alejado de los compromisos de Kioto, de entre los nueve estados «infractores» del tratado.
Según estos datos, las emisiones de gases de efecto invernadero de España han crecido ya el 33,7% respecto a los índices de 1990, año de referencia para los firmantes del Protocolo. Dicho en otros términos, España sobrepasa en casi 19 puntos el 15% de aumento que tiene autorizado hasta el año 2012. Sólo entre 1999 y el año 2000, las emisiones españolas se incrementaron un 4,1%, y un 3,9% las específicas de dióxido de carbono en 2000.
Matas reconocía que estos números «no son buenos» y obligan a los poderes públicos, a los actores económicos y la ciudadanía en general a hacer un doble esfuerzo para ajustarse a lo firmado en Kioto y ratificado por el Parlamento español este año.
