El Gobierno de Canarias ha declarado controlado el incendio que afecta a la isla de La Palma desde el pasado viernes y que ha arrasado unas 2.700 hectáreas, según ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano.
El consejero canario ha explicado en una rueda de prensa que tras el control del fuego, la gestión del incendio pasa a estar en manos del Cabildo de La Palma, que el sábado y ante la virulencia del incendio, pidió que fuera la Comunidad Autónoma la que se encargara de la dirección de las labores de extinción, las cuales pueden prolongarse al menos una semana. Ruano ha señalado, además, que se mantendrán en la zona los medios aéreos necesarios hasta la extinción definitiva de las llamas.
Durante tres días, unas 500 personas y once medios aéreos han participado en las labores de extinción de este incendio que provocó la evacuación de 4.000 vecinos de los municipios de Mazo y Fuencaliente. La mayoría de los evacuados han vuelto a sus casas, pero algunos han encontrado sus viviendas, enseres y hasta sus negocios totalmente calcinados.
Sobre las causas del incendio, el consejero ha afirmado que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las que llevan a cabo la investigación, aunque ha aludido a los indicios que existen de que el fuego lo pudo producir el lanzamiento de unos fuegos artificiales. Ruano ha señalado, asimismo, que en las últimas semanas Canarias ha padecido una ola de calor con temperaturas muy altas.
Ayudas para los afectados
En una reunión extraordinaria, el Gobierno de Canarias aprobó ayer las primeras ayudas para los afectados. El decreto incluye un apoyo de emergencia de hasta 8.500 euros para las familias cuyas viviendas fueron dañadas, unas subvenciones complementarias a las que disponga el Estado y a las indemnizaciones por seguros y con las que se pretende mitigar los perjuicios en casas, enseres, vehículos, infraestructuras agrarias y ganaderas e instalaciones de empresas. También incluye ayudas para alquiler, reparación o reconstrucción de viviendas.
Los propietarios de inmuebles completamente destruidos podrán percibir hasta 12.000 euros, mientras que si los daños son parciales, recibirán 8.600 euros. Por otro lado, si su intención es alquilar otro piso, los afectados recibirán 600 euros mensuales por un plazo máximo de dos años, prorrogables si así lo establecen los servicios sociales.
