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Diversas organizaciones ecologistas piden una moratoria para la plantación de árboles transgénicos

Greenpeace solicita la declaración de áreas marinas protegidas para combatir la pesca pirata

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: miércoles 29 marzo de 2006
La existencia de plantaciones experimentales de árboles genéticamente modificados o transgénicos en Brasil, Chile, India, Sudáfrica, Estados Unidos, Indonesia y China, entre otros países, fue denunciada ayer por las organizaciones ecologistas presentes en la octava conferencia del Convenio de Diversidad Biológica (COP8). A fin de determinar los daños que pueden causar en los ecosistemas salvajes, las organizaciones solicitaron una moratoria para estas plantaciones.

La finalidad de estos árboles transgénicos es comercial, y concretamente para la producción de madera y papel, afirmó la co-directora del Proyecto Justicia Ecológica Global, Anne Petermann. Los primeros estudios realizados sobre estos árboles genéticamente modificados han determinado que sus semillas son capaces de polinizar a más de 1.200 kilómetros, por lo que los ecologistas advirtieron de que no es sólo una cuestión de legislación nacional.

Los ecologistas señalaron como impactos negativos de estas plantaciones la destrucción de la biodiversidad salvaje, la contaminación de bosques nativos, la desertificación de suelos al no ser endemismos y los efectos nocivos en la salud humana. Por todo ello, reclamaron a la Convención de Diversidad Biológica de Naciones Unidas una moratoria sobre la tecnología y un estudio en profundidad y global de los riesgos de liberación de este tipo de árboles.

Hasta el momento se han modificado genéticamente especies como el eucalipto, el pino y el álamo, para hacerlos más resistentes a los insectos, al frío y a los herbicidas, explicó Petermann, que recordó además que estas especies no viven cientos de años como los árboles salvajes sino que sólo producen madera o pasta para papel durante un periodo más corto de tiempo.

Por otra parte, la organización ecologista Greenpeace propuso en la misma cumbre la declaración de áreas marinas protegidas para luchar contra la pesca pirata. La pesca ilegal supone el 20% de toda la pesca mundial y representa un coste de entre 4.000 y 5.000 millones anuales. Ante esta situación, Greenpeace pidió en la Cumbre de Biodiversidad que se promueva la declaración de zonas marinas protegidas para asegurar la protección de los océanos.

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