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El Parlamento Europeo aprueba que las empresas sustituyan los productos más peligrosos por otros que sean más seguros

Esta decisión cuenta con la oposición de la industria comunitaria y de los Veinticinco, que creen que se producirá un importante aumento de costes

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: miércoles 11 octubre de 2006
Por 42 votos a favor, 12 en contra y 6 abstenciones, la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo aprobó ayer un endurecimiento del nuevo registro de sustancias químicas "REACH" para obligar a las empresas a sustituir los productos más peligrosos, como los cancerígenos o los bioacumulables, por otros que sean más seguros para la salud de las personas y para el medio ambiente.

Lo decidido ayer por los parlamentarios europeos, que tendrá que ser ratificado por el pleno antes de diciembre, enfrenta a la Eurocámara con la industria comunitaria y también con los Veinticinco, que temen un fuerte aumento de los costes. Para que la legislación entre en vigor, la Eurocámara y el Consejo tienen que alcanzar un compromiso.

El objetivo del Parlamento es que "en pocos años, todos los productos peligrosos utilizados en la fabricación de los bienes de consumo, cuando haya alternativas, sean sustituidos" y que se tomen "medidas de gestión de riesgos y de información" cuando no haya más remedio que usar sustancias peligrosas, subrayó el ponente de las enmiendas, el socialista italiano Guido Sacconi.

Sacconi se declaró a favor de estudiar el impacto económico de la sustitución caso por caso. No obstante, "los productos peligrosos tendrán que sustituirse a largo plazo", precisó. Ello servirá "no sólo para proteger la salud, sino también para fomentar la innovación en la industria química europea, que es demasiado inmóvil y que ganará en competitividad si se la presiona para hacer este esfuerzo de sustitución", explicó.

El nuevo registro de sustancias químicas obligará a las empresas a evaluar los riesgos de 30.000 productos cuyos efectos sobre la salud y el medio ambiente se desconocen. Además, la carga de la prueba recaerá en adelante no en las autoridades públicas sino en la industria, que tendrá que demostrar que las sustancias que fabrica no son peligrosas para poder comercializarlas. Asimismo, todos los productos tendrán que registrarse y los más peligrosos se someterán a un procedimiento de autorización previa.

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