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El Tribunal de Justicia Europeo condena a España por retrasarse en aprobar una ley ambiental

La normativa establece una serie de limites a las emisiones contaminantes

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: viernes 8 marzo de 2002
El Tribunal de Justicia Europeo (TJE) dictó ayer una contundente condena contra España por no haber aprobado la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC) antes del 30 de octubre de 1999, tal y como quedaba recogido en una directiva europea aprobada por la Unión Europea en septiembre de 1996. Pero nuestro país no sólo incumplió el plazo, sino que todavía hoy dicha ley sigue en tramitación.

La condena del Tribunal es consecuencia de la demanda presentada por la Comisión Europea tras comprobar, a mediados de 2000, que España lejos de haber aprobado la ley, solo disponía de un borrador de anteproyecto. Aunque en su momento el Ministerio de Medio Ambiente alegó haber iniciado los trámites e incluso llegó a asegurar por escrito que la ley estaría lista a finales de 2001, nada de esto ocurrió.

La IPPC es una normativa revolucionaria que transforma el sistema de autorizaciones para determinadas actividades industriales y establece un permiso para las empresas en función de los efectos medioambientales que puedan ocasionar para el agua, el suelo y la atmósfera en todas las fases del proceso productivo.

El objetivo de esta norma, que requiere una gran adaptación tecnológica, es determinar desde el inicio una menor emisión, en vez de obligar a reducir posteriormente la contaminación. Los sectores más afectados por la normativa son el energético, agroalimentario, siderúrgico o las empresas de gestión de residuos.

La tardanza de la aprobación fue denunciada por el sindicato Comisiones Obreras y por Iniciativa per Catalunya-Verds en 1999, y exigieron responsabilidades a la por entonces ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino. Desde el Ministerio que ahora dirige Jaume Matas, alegaron ayer las dificultades de España de transponer normas cuya aplicación dependerá de las comunidades autónomas, refiriéndose a la mencionada normativa.

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