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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España a indemnizar a una ciudadana por “contaminación sonora”

La afectada reside en un barrio en el que los niveles de ruido superan los 45 decibelios recomendados por la OMS

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: miércoles 17 noviembre de 2004
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido una sentencia en la que condena a España a indemnizar con 3.800 euros a una ciudadana valenciana "por la pasividad de la Administración ante el jaleo nocturno". El Estado tendrá además que pagar 4.500 euros de costas judiciales.

Esta mujer y los vecinos del Barrio de San José, en Valencia, soportan desde hace tres décadas el ruido de más de un centenar de discotecas, bares y locales de ocio, que en muchos casos supera con creces los 45 decibelios recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La afectada, que desde hace siete años viene reclamando su derecho a la vida privada y a la inviolabilidad del domicilio en cuantas instancias administrativas y judiciales ha tenido a su alcance, sufre "insominio" y "serios problemas de salud" como consecuencia de la falta de descanso por la música, el ruido, las peleas y los actos vandálicos que cada fin de semana se suceden en su barrio. El doble acristalamiento que instaló en sus ventanas fue insuficiente para neutralizar los picos de 115 decibelios que, según el abogado que la defiende, Andrés Morey Navarro, se han llegado a alcanzar.

El Tribunal Europeo entiende que la "contaminación sonora" que ha soportado esta mujer viola el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativo al respeto a la vida privada y del domicilio, por cuanto el ruido provocaba "serias perturbaciones en su vida cotidiana".

"Zona acústicamente saturada"

Antes de acudir a Estrasburgo, la demandante, como otros vecinos, se había cansado de presentar quejas ante el Ayuntamiento, que desoyó sus reclamaciones, pese a que declaró como "zona acústicamente saturada" el barrio, en el que a partir de ese momento no se podrían superar los 65 decibelios.

Sin embargo, el Tribunal de Derechos Humanos critica la "tolerancia" con la que el Ayuntamiento de Valencia permitía "las infracciones a la reglamentación que había establecido", pese a que existían mediciones de la Policía Local que reflejaban una media de 80 decibelios, nivel que en algunas horas de la madrugada alcanzaba los 100, según Morey Navarro.

Esta es la segunda vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por ruidos. Ya lo hizo en 1994 en un caso ocurrido en Murcia, el llamado "caso López Ostra". Entonces se consideró ilegítima la inmisión de ruidos, olores y humos procedentes de una depuradora en un domicilio particular.

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