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España debe trasponer las normas comunitarias para mejorar el acceso del público a información medioambiental

Bruselas le ha enviado un último aviso antes de recurrir al Tribunal Europeo de Justicia

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: martes 12 julio de 2005
España y otros seis países comunitarios (Bélgica, Francia, Italia, Grecia, Hungría y Luxemburgo) todavía no han trasladado a su derecho nacional las normas comunitarias para mejorar el acceso del público a cualquier información relacionada con el medio ambiente. Por este motivo, la Comisión Europea les ha enviado un último aviso para que lo hagan, antes de recurrir al Tribunal Europeo de Justicia.

La directiva, cuyo plazo de trasposición acabó el pasado 14 de febrero, garantiza a todos los ciudadanos europeos el derecho de acceder a las informaciones medioambientales en poder o producidas por las autoridades públicas, sobre todo en materia de emisiones contaminantes, sus efectos en la salud pública y la evaluación de incidencias en la naturaleza.

La normativa comunitaria, adoptada en el año 2003, reduce a la mitad -un mes en lugar de dos- el plazo que tienen las autoridades para ofrecer las informaciones solicitadas y precisa las circunstancias en las que se puede negar el acceso a esos datos. El Ejecutivo comunitario considera que si el público tiene acceso a la información medioambiental, dispondrá de mejores medios para influir en la elaboración de las políticas en esta área.

Además, dicha norma prevé que los países establezcan procedimientos de examen que permitan a los ciudadanos contestar los actos u omisiones de los poderes públicos cuando se produce una petición de información sobre el medio ambiente.

Para el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, la directiva en cuestión es "un paso decisivo hacia una mayor transparencia en la elaboración de las políticas medioambientales". Los europeos tienen ahora "no sólo la libertad, sino también el derecho de acceder a las informaciones que tienen o producen las autoridades nacionales" en este ámbito, indicó.

Sin embargo, Dimas recordó que los Estados miembros tienen que trasponer la directiva a sus ordenamientos nacionales para permitir a la población ejercer este derecho en la práctica.

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