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España ocupa los últimos puestos de la UE en lucha contra la tala ilegal

No aplica la normativa europea para evitar que esta madera entre en sus circuitos comerciales

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: jueves 16 febrero de 2012
España se sitúa en los últimos puestos del ranquin de países de la Unión Europea (UE) en materia de lucha contra la tala ilegal, en concreto, en el antepenúltimo lugar, ya que "no avanza" en la incorporación de la normativa europea para evitar que la madera de origen ilegal entre en sus circuitos comerciales, según ha denunciado la organización de conservación de la naturaleza WWF.

La ONG ha presentado esta semana su "Eurobarómetro" de talas ilegales, en el que se analizan las medidas de los países para luchar contra la degradación de los bosques del planeta. En este ranquin, España se sitúa en el antepenúltimo lugar de la UE, seguido por Grecia y Finlandia, que ocupa el último puesto. Los países mejor situados son Alemania, Países Bajos y Reino Unido, por aplicar de forma correcta la legislación europea en el desarrollo de compra pública de productos forestales. "El caso español es especialmente significativo, ya que su situación actual en el ranquin ha empeorado respecto a 2007", añade WWF.

La clasificación concluye que 17 de los 27 Estados miembros "no han logrado aún adoptar medidas suficientes" para impedir que la madera ilegal llegue a las fronteras europeas y penetre en sus circuitos comerciales, una situación que califica de "especialmente preocupante", porque el Reglamento de la UE sobre comercio de madera entrará en vigor en marzo de 2013. Además, recuerda que la UE es "uno de los mayores consumidores de madera del mundo" -importa unos 130 millones de metros cúbicos de madera- y añade que la tala ilegal, a escala global, no es solo un problema ecológico, social y económico, porque genera una "competencia desleal" con los operadores que cumplen con los requisitos de sostenibilidad. La organización calcula que cerca del 15% de las importaciones de Europa son madera ilegal, que se traduce en unos 3.800 millones de euros. Por eso, exige una "gran responsabilidad" al conjunto de la UE para "resolver esta amenaza para el futuro de los bosques y las poblaciones que viven de ellos".

WWF estima que España no está preparada para aplicar de manera correcta la normativa europea a nivel nacional e insiste en que la Administración española "tampoco ha puesto en marcha programas de compra responsable de productos forestales" para evitar el consumo por parte de organismos públicos de madera de origen ilegal. Recuerda que en la Ley de Montes de 2006 se incluía el desarrollo de la compra pública responsable de productos de madera, lo que situó a España mejor en la clasificación europea. Sin embargo, añade que, cinco años más tarde, se ha incumplido dicho artículo por parte de España.

Hasta la fecha, únicamente nueve administraciones españolas se han desmarcado de la tendencia y se han sumado a la iniciativa de Ciudades por los Bosques de WWF y aplican ya políticas de compra pública, que son los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Murcia, León, Benicarló, Gavá, Hospitalet de Llobregat, San Boi de Llobregat o la Diputación de Toledo.

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