La política española de tratamientos de aguas residuales presenta fallos de coordinación entre organismos, falta de inversión y mala financiación. Estas son las conclusiones de un informe presentado hoy en Copenhague por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).
El informe sobre «Efectividad en las políticas de tratamiento de aguas residuales urbanas en países escogidos», realiza una comparación del tratamiento de aguas residuales en los Países Bajos, Dinamarca, España, Estonia, Francia y Polonia. Según el citado estudio, sólo los dos primeros la directiva que recomienda en este campo que determinan extender el tratamiento de aguas residuales a zonas urbanas con más de 2.000 habitantes.
Desde AEMA ha criticado la despreocupación española ante esta situación al no aprovechar los subsidios recibidos de los fondos de cohesión europeos para cumplir con las directivas comunitarias. Asimismo, han confirmado que la UE cubrió con 3.800 millones de euros la mitad de las inversiones españolas en control de aguas residuales entre 1993 y 2002.
Representantes de AEMA han señalado es el hecho de que los ayuntamientos sean responsables del tratamiento de aguas residuales, pero que no controlen completamente los recursos financieros necesarios, como el principal impedimento para solventar este problema. El los Países Bajos funciona, sin embargo, un sistema de gravámenes para aquellos que contaminan el agua que obliga además a las empresas ha asumir los costes relacionados con el alcantarillado.
La directora ejecutiva de AEMA, Jacqueline McGlade, ha constatado la rentabilidad del modelo de los Países Bajos, en el que se evita «la contaminación de las aguas, en lugar de pagar los costes de su depuración».
