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La Eurocámara aprueba una nueva legislación comunitaria para limitar la experimentación con animales

Las autoridades nacionales deberán priorizar los métodos alternativos siempre que sea posible

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: jueves 9 septiembre de 2010
La nueva legislación comunitaria sobre experimentación con animales, que limitará el número de experimentos y prohibirá el uso en ellos de grandes primates como gorilas, orangutanes o chimpancés, recibió ayer la aprobación definitiva del Parlamento Europeo. El pleno de la Eurocámara dio el visto bueno al acuerdo negociado entre sus representantes y los de los gobiernos nacionales para poner en marcha las nuevas normas, a pesar de que algunos grupos, como el de Los Verdes, consideran que no es lo bastante ambicioso.

Esta nueva normativa obligará a las autoridades nacionales a dar preferencia a los métodos alternativos a la experimentación con animales, siempre que sea posible, y a garantizar que el número de animales utilizados en las pruebas sea el mínimo. Además, sólo podrán autorizar los ensayos que supongan un "mínimo dolor, sufrimiento y angustia" para los animales.

El texto aprobado ayer prohíbe el uso de grandes simios en los experimentos, aunque permitirá el recurso a otros primates, como los macacos, que la propuesta original también pretendía abolir. Esa prohibición habría perjudicado la investigación sobre enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, según los eurodiputados. En cualquier caso, los experimentos con ese tipo de primates sólo serán posibles tras una demostración científica de que las pruebas no pueden realizarse con otras especies.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de la directiva, las autoridades nacionales deberán comprometerse a que cada año se efectúen inspecciones de, al menos, un tercio de los laboratorios donde se usan animales. Una parte de ellas deberán llevarse a cabo por sorpresa.

La nueva directiva, que prevé un plazo de dos años para su aplicación completa en todos los Estados miembros, incluye una cláusula de salvaguardia que permitirá a los gobiernos anular ciertas de sus disposiciones en caso de emergencia y siempre que haya razones justificables de manera científica. Para poder acogerse a esa excepción, los países tendrán que informar a Bruselas y obtener el permiso del resto de Estados miembros.

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