El compromiso de los países industrializados de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero queda cada vez más lejos de poder cumplirse. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea suscribieron el pasado viernes una declaración en la que alertan sobre algunas medidas planteadas en el Protocolo de Kioto por su impacto negativo sobre la competitividad de la economía europea o que provocan una carga excesiva sobre ciertos sectores de la industria. Con ello abren el camino a una aplicación más flexible de los compromisos adquiridos y acuerdan buscar fórmulas más rentables para suavizar las decisiones de la UE sobre cambio climático. La cuestión llega hasta tal punto que han llegado a plantearse el coste que supondría el no hacer nada.
Una decisión que se produce a petición del Gobierno español, que hace suyas las reticencias planteadas por la industria nacional a adoptar el compromiso de Kioto bajo el argumento de que supondrá un importante gasto tanto para las empresas como para los consumidores. Un coste que, según la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), se estima en 4.000 millones de euros al año y que, a su juicio, afectará a la competitividad de muchas empresas, con los consiguientes riesgos de pérdida de empleo, posición en los mercados y desaparición de algunas de ellas. No obstante, el Gobierno ha señalado que la medida no reduce el compromiso español con el Protocolo de Kioto.
Gastos y recortes que afectarían en su mayor parte al sector eléctrico, responsable de lanzar a la atmósfera más de 73 millones anuales de toneladas de dióxido de carbono. Cuestión que ya ha sembrado la discordia entre las principales empresas del sector pues no todas necesitan de la misma inversión, ya que hay algunas que, desde hace tiempo, han incorporado tecnologías para reducir su contaminación.
Las organizaciones ecologistas han alertado sobre la situación (España es junto con Dinamarca el país con mayor número de emisiones) y aseguran que el Plan de Infraestructuras eléctricas y gasísticas del Gobierno prevé un incremento del consumo de energía que conllevaría un aumento del 65 por ciento de emisiones. Por ello apuestan por reducir el uso de combustibles fósiles y apostar por las energías renovables. A pesar de las reticencias del sector eléctrico, que insiste en los enormes costes de adaptar las centrales de carbón a las nuevas directrices, algunos expertos opinan que se necesitarían ajustes menores. Así, un estudio asegura que la UE podría reducir sus emisiones de CO2 entre 27 y 53 millones de toneladas si los Estados miembros instalasen en sus redes eléctricas dispositivos basados en superconductores de alta temperatura (HTS). Una medida que permitiría a los Quince cumplir en un 65 por ciento su compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Las dudas de la UE sobre el Protocolo por su posible impacto económico no pueden llegar en peor momento después de que ayer la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU llegara a su fin con la falta de consenso para su entrada en vigor. Los participantes en la cumbre de Milán han insistido en la vigencia de este Protocolo a pesar de que sólo dos de los seis grandes contaminantes -la UE y Japón- lo han ratificado, mientras que Estados Unidos, India y China insisten en su negativa y Rusia continúa sin visos de dar su aprobación escudada en no poner trabas a su crecimiento económico.
