En los siete primeros meses de este año han ardido en España 35.870 hectáreas de terreno, de ellas 11.112 de masa arbolada. Estas cifras representan, aproximadamente, una tercera parte de lo que se quemó el mismo periodo del año pasado, un total de 95.000 hectáreas (36.500 de superficie forestal). De enero a julio se registraron seis grandes incendios de más de 500 hectáreas, frente a los 15 del ejercicio anterior.
Las estadísticas del Ministerio de Medio Ambiente hasta el 23 de julio demuestran, además, que el territorio afectado por el fuego está por debajo de la media del decenio, que es de 54.335 hectáreas, de ellas más de 14.000 en zonas arboladas.
Este descenso llega a pesar de los largos meses de sequía y de la falta de precipitaciones desde el final de la primavera, y responde en buena medida a las estrategias preventivas adoptadas por las comunidades autónomas, competentes en materia forestal, y a la mejora de la coordinación entre administraciones en la extinción de los incendios declarados estos meses.
A raíz del dramático incendio de Riba de Saelices (Guadalajara), en el que murieron 11 miembros de un retén en julio del año pasado, la mayoría de los gobiernos regionales restringieron o eliminaron por completo las zonas habilitadas para hacer fuego al aire libre durante los meses de verano, endurecieron los requisitos y la vigilancia para las quemas agrícolas y, apoyados por Medio Ambiente, extremaron los trabajos de limpieza de maleza y mantenimiento en montes y áreas boscosas.
Peticiones de los ecologistas
Ecologistas en Acción ha pedido a las administraciones públicas que adopten un mayor control sobre las actividades que contemplen el uso de fuego, así como restringir y contener el crecimiento urbanístico en terrenos forestales o próximos a éstos, especialmente si se trata de urbanizaciones distantes y aisladas de los núcleos tradicionales de población.
A su juicio, es necesaria una regulación normativa «que incluya la prohibición de determinadas prácticas y usos del fuego» en el medio natural, como actividades agropecuarias y lúdico-recreativas. También opina que es necesario obligar a los responsables locales y privados a adoptar medidas preventivas que garanticen un nivel de protección y seguridad adecuada para personas, bienes y el medio natural.
En cualquier caso, la organización ecologista destaca la mejora en la coordinación de los dispositivos de extinción de incendios de las comunidades autónomas y el Ministerio de Medio Ambiente, y la mayor sensibilización de la población y de las administraciones competentes.
