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El Consejo de Estado considera ilegal dejar fumar en los bares de las empresas

Esta posibilidad aparece recogida en el reglamento elaborado por la Comunidad de Madrid para desarrollar la ley del tabaco

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: miércoles 25 octubre de 2006
La Comisión Permanente del Consejo de Estado considera ilegal que los trabajadores puedan fumar en los bares de las empresas. Responde así a la consulta realizada por la Comunidad de Madrid, cuyo reglamento para desarrollar la ley del tabaco recoge dicha posibilidad, siempre que los bares tengan más de cien metros cuadrados.

En su dictamen, este órgano consultivo rechaza buena parte de las pretensiones del Ejecutivo madrileño. No obstante, deja un resquicio en la aplicación de la ley estatal en la hostelería. Es el caso de la posibilidad de instalar "mecanismos de extracción de humos" en vez de los compartimentos estancos que prevé la ley, cuestión en la que los miembros del Consejo "nada tienen que objetar". Sin embargo, no consideran válido el cálculo de las dimensiones que prevé para habilitar una zona de fumadores. Y tampoco permite que en el caso de coexistir en el mismo establecimiento dos actividades (bar y restaurante) se mida su superficie por separado para así evitar en lo posible la necesidad de salas para fumadores.

El órgano consultivo rechaza también que se puedan vender o entregar productos que imiten al tabaco a mayores de 18 años. Tampoco permite una graduación de las sanciones y pide a la Comunidad de Madrid que se ajuste a la norma estatal. El reglamento plantea una moratoria de seis meses tras su entrada en vigor que tampoco es aceptada por el Consejo, quien asegura que "la ley es una norma de plena y vigente aplicación".

En resumen, considera que el reglamento "no constituye un texto de desarrollo general de la ley", sino "un conjunto de artículos destinados a encontrar aspectos que puedan ser de interpretación problemática". Además, indica que su contenido "no se alinea precisamente en añadir reglas de protección más favorables a la salud".

El reglamento del Ejecutivo madrileño sirvió de modelo para los de Valencia y Castilla y León. Ambos están recurridos por la vía del contencioso administrativo por el Ministerio de Sanidad y Consumo, que también hará lo mismo con el de La Rioja si no modifica su borrador.

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