El pleno del Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado un dictamen por el que pedirá al Ministerio de Sanidad que suprima del anteproyecto de ley contra el tabaco la cláusula que establece la prohibición total de fumar en el trabajo. El CES asegura que esta normativa puede provocar conflictividad, y que tiene un carácter «eminentemente prohibitivo y sancionador».
Asimismo el CES ha señalado que el aspecto preventivo sólo tiene en el texto un «carácter residual y genérico» cuando debería «constituir el contenido central de un anteproyecto que se define enmarcado en la política de salud pública. En este sentido, fuentes del consejo han explicado que «empresarios y trabajadores, directamente o a través de sus representantes, disponen de los mecanismos de cooperación apropiados para concretar el tratamiento interno del tabaquismo en las empresas y centros públicos de trabajo atendiendo a las condiciones específicas de los mismos».
Por otro lado el CES también ha criticado que Sanidad no ha «valorado adecuadamente en toda su complejidad las consecuencias económicas, en términos de empleo y de organización del trabajo, que las nuevas medidas pueden comportar». Además el consejo estima que «constituye un factor de indudable distorsión en el ámbito laboral convertir a empresarios y trabajadores en controladores o vigilantes del uso de los productos del tabaco en los centros de trabajo, lo que resulta claramente improcedente».
El hecho de incluir nuevas medidas contra el tabaco, debería haber ido precedido de «un mayor esfuerzo para promover la toma de conciencia por la población y la difusión de hábitos saludables de vida», según el CES.
Por su parte la secretaria de Bienestar Social del PSOE, Matilde Valentín, ha mostrado su intención de consensuar la prohibición de fumar en el trabajo, en respuesta a la enmienda a la totalidad incluida en el dictamen del CES en el que las organizaciones de consumidores se oponen a que la prohibición de fumar en los centros laborales se negocie por los sindicatos y empresarios.
