«Se hace necesario insistir en que un sistema de financiación pública y universal no debe tener por objeto el alcanzar una lista de espera cero. Ello implicaría la existencia de profesionales ociosos a la espera de recibir pacientes, con el incremento de costes y la consiguiente pérdida de eficiencia que ello comportaría». Tan impactante argumentación figura en un documento oficial del Ministerio de Sanidad.
El reconocimiento de la Administración de que acabar con las listas de espera no es conveniente viene recogido en un informe elaborado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, órgano en el que están representadas todas las comunidades autónomas y el Gobierno.
El polémico razonamiento sobre las listas de espera médicas -tanto las quirúrgicas como las de pruebas diagnósticas- esbozado por el Ministerio de Sanidad cobra todavía más importancia si se tiene en cuenta que tal apreciación forma parte de las consideraciones generales efectuadas por el grupo de expertos que hace dos años se constituyó, por orden de la ministra Celia Villalobos, para intentar erradicar el problema de las demoras existentes para operarse.
Las denuncias de algunos cirujanos cardiovasculares de Andalucía y Cataluña relativas a la muerte de varios enfermos cardiacos que se encontraban en lista de espera desató a principios del 2000 una de profunda crisis sanitaria que obligó a adoptar medidas de urgencia.
Homogeneizar y coordinar
Una de estas iniciativas consistió en crear un grupo de expertos, compuesto por profesionales de las diecisiete comunidades españolas, cuyo trabajo, concluido hace ahora un año, se basó en establecer una serie de criterios destinados a homogeneizar y coordinar la gestión de las listas de espera médicas, independientemente del territorio. El objetivo final no era otro que evitar desequilibrios en los tiempos de espera quirúrgicos y diagnósticos entre unas regiones y otras.
Además de incidir en que el sistema sanitario público no debe tener como finalidad lograr una lista de espera médica cero, el equipo de trabajo del Consejo Interterritorial señala en el documento, llamado «Factores determinantes de la existencia de listas de espera y propuestas de actuación», que «la presencia de listas de espera no es un elemento obligadamente negativo. En efecto, unos tiempos de espera estables y clínica y socialmente aceptables son un factor de eficiencia del sistema, ya que posibilitan la adecuada programación del trabajo».
Después de un año guardado en el cajón, el Gobierno ha desempolvado el informe llevado a cabo por el grupo de expertos entre el 2000 y el 2001 para utilizarlo en la realización de un decreto estatal sobre listas de espera. Se trata de una normativa que establecerá los periodos máximos de retrasos a la hora de someterse a una intervención quirúrgica o a una prueba complementaria (escáner, resonancia magnética, ecografía…).
Rubén Moreno, secretario de Gestión y Cooperación Sanitaria, ha anunciado recientemente que su departamento ultima el citado decreto, que se deriva, según reconoció él mismo, «de los trabajos de año y medio sobre listas de espera en el seno del Consejo Interterritorial». El texto legal de obligado cumplimiento para todas las comunidades fija un periodo máximo de espera de 180 días para operaciones, que será de 60 días en pruebas diagnósticas y consultas externas.
