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El Gobierno recuerda a las comunidades autónomas que deben hacer cumplir la ley antitabaco

Advierte de que recurrirá los decretos contrarios al espíritu de la normativa

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: domingo 27 agosto de 2006
En cinco días la ley contra el tabaquismo estará plenamente en vigor, con sanciones, inspecciones y multas. Sin embargo, la mayoría de los hosteleros con locales de más de cien metros cuadrados aún no ha acometido las reformas que obliga la normativa para separar las zonas de fumadores y no fumadores, si es que quieren permitir fumar.

Mientras tanto, el debate institucional continúa sobre la mesa, las críticas se multiplican y el mecanismo para aplicar esos controles no logra consolidarse. El Gobierno central recuerda que su "papel termina al aprobarse la ley", de modo que, ahora mismo, el rol activo le corresponde a "otras dependencias". "Nosotros no tenemos capacidad sancionadora -admiten fuentes del Ejecutivo-. Son las comunidades autónomas quienes deben hacerla cumplir". Lo que pasa es que en muchas de ellas aún no hay directrices claras. Y, en las que sí hay resoluciones, las exigencias locales son más permisivas que las estatales.

Madrid ha desafiado la legislación permitiendo fumar en terrazas y patios de empresas. Valencia ha establecido una medida estándar de 120 metros cuadrados para hacer reformas, en lugar de los cien estipulados por la ley. Castilla y León ha reinterpretado el "concepto de estanqueidad" y, hace apenas dos días, declaró "la libre elección por parte de los hosteleros del sistema más adecuado a sus instalaciones". En Toledo, la Consejería de Sanidad ha decidido dar "un margen" y "aplazar unos meses" la aplicación de las sanciones.

"Si los decretos autonómicos contradicen la legislación, recurriremos judicialmente -advierten desde el Ministerio de Sanidad-. Ya lo hemos hecho con el caso de Valencia". A finales de junio, el Ejecutivo presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia contra la resolución aprobada por la Generalitat Valenciana, pues "vulneraba la ley estatal" y "suponía una merma en la protección de la salud de los ciudadanos".

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