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El sistema español de farmacia ofrece un alto nivel de protección de la salud, según Sanidad

El Ministerio responde a Bruselas sobre las presuntas restricciones a la libre competencia de la normativa española en este campo

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: miércoles 13 septiembre de 2006
El sistema español de farmacia presenta un "elevado nivel de protección de la salud pública" que ofrece "excelentes resultados en cobertura, calidad del servicio y satisfacción de los usuarios", según un informe remitido a la Comisión Europea por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Este texto, que habla del "vínculo especial" entre las autoridades sanitarias y el colectivo de farmacéuticos, así como del nivel de cobertura de las oficinas de farmacia, uno de los más elevados de Europa, contesta al dictamen de la Comisión Europea relativo a presuntas restricciones a la libre competencia de la normativa española reguladora de las oficinas de farmacia.

La proporcionalidad y adecuación del sistema español vienen avalados por los "excelentes resultados" en materia de cobertura y calidad del servicio, según destaca Sanidad en el escrito. Así, el 99% de la población española dispone de una oficina de farmacia en su lugar de residencia, ya sea en medio urbano o rural, siendo la ratio media de habitantes por farmacia únicamente superada por Grecia y Bélgica en el ámbito de la Unión Europea.

Bruselas, según este documento, no acredita que la norma española vulnere el derecho comunitario en aspectos relacionados con el régimen de planificación territorial y de propiedad y acumulación de farmacias. Sanidad replica que la legislación española respeta plenamente el derecho de los profesionales de otros Estados miembros a establecerse en España en las mismas condiciones que los españoles.

Asimismo, el texto precisa que el régimen de propiedad y acumulación de farmacias de la norma española compatibiliza el derecho de los Estados a determinar ese régimen de propiedad de las oficinas de farmacia en sus territorios. Por último, el informe acredita que el régimen de propiedad y acumulación de farmacias en vigor sólo entraña limitaciones inherentes al ejercicio del derecho del Estado español a intervenir en las empresas que tienen encomendadas misiones de interés público.

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