Listas de espera

Oftalmología, neurología y cirugía vascular registran las listas de espera más largas
Por Azucena García 7 de febrero de 2003

Las listas de espera figuran como la asignatura pendiente de la sanidad pública española. Acabar con ellas o, al menos, reducirlas de manera considerable, es, en estos momentos, muy difícil y sus consecuencias “inadmisibles”. La situación se agrava en el caso de las personas mayores, cuyo débil organismo no entiende de plazos y obliga al 90% de los ancianos con enfermedades crónicas a acudir al servicio de urgencias antes de la cita prevista con el especialista.

Principales riesgos

La oficina del Defensor del Pueblo ha publicado recientemente un informe acerca de las listas de espera en la sanidad pública. El estudio dejaba al descubierto las carencias del sistema y estipulaba en seis meses el tiempo medio de demora tanto en pruebas diagnósticas como quirúrgicas. Esto significa que una persona enferma realiza, como máximo, tres visitas anuales al especialista y accede a un quirófano medio año después de habérsele detectado una patología concreta.

La situación es preocupante y se torna muy grave cuando afecta a la denominada tercera edad, “puesto que se produce un deterioro funcional que conlleva, en ocasiones, anomalías irreversibles”, señala Antonio Andrés Burgueño, asesor médico de CEOMA (Confederación Española de Organizaciones de Mayores). “De hecho, -continúa- el 90% de los pacientes mayores de 65 años con patologías crónicas acude a urgencias antes de la cita prevista con el especialista”. “Sin duda, ésta es casi la regla”, confirma el vicepresidente de la SEGG (Sociedad Española de Geriatría y Gerontología), Joaquín Midón.

La lista de espera más numerosa, la de oftalmología, es un claro ejemplo que perjudica la calidad de vida de los mayores, aunque las esperas también son importantes en reumatología (hasta ocho meses), neurología (once meses) o cirugía vascular (15 meses).

“Hay dos patologías, supuestamente no graves, que tienen especial repercusión sobre los ancianos. Son las intervenciones de cataratas y de próstata”, reflexiona Joaquín Midón. “La limitación en todos los aspectos vitales y funcionales que supone la falta de visión o ser portador de una sonda urinaria mientras se espera una solución definitiva es incalculable en cuanto a calidad de vida, pero también en cuanto a consumo de recursos sanitarios y sociales por parte de otras personas”, añade.

En el informe del Defensor del Pueblo se pone de manifiesto también la existencia de casos en los que el paciente debe esperar siete meses para la colocación de prótesis de cadera, veinte meses para la de rodilla y “cifras espectaculares e inaceptables”, denuncian en CEOMA, para la cirugía de varices y rehabilitación. “En conjunto, 328.836 personas esperando cirugía y 7.633 de ellas más de seis meses”. Problemas que se pueden complicar, por ejemplo, con una caída y exigir una intervención más delicada e inmediata.

Un caso especialmente difícil en el momento actual es la demencia. “Se trata de una patología crónica y sin tratamiento curativo que genera un gran sufrimiento personal y familiar y que requiere de un abordaje complicado, multidisciplinar y, sobre todo, lo más temprano posible para que los tratamientos disponibles sean más eficaces y la disminución del daño y así como del gasto sanitario y social sea más eficiente”, apunta Midón.

Causas del retraso

El Parlamento Europeo ha alertado del progresivo envejecimiento de la población que, a su juicio, “puede deteriorar la calidad de los servicios sanitarios a las personas mayores”. En esta línea, ha instado a los diferentes gobiernos a tomar medidas preventivas y ha insistido en las consecuencias del déficit de los recursos en la seguridad social. Unas y otras constituyen importantes desventajas a la hora de atajar las listas de espera.

La práctica de las “agendas cerradas” tampoco lo pone nada fácil, al impedir que el paciente sea siquiera incluido en la lista de espera. La frase “ya le llamaremos”, a la que se recurre con frecuencia para no dar la cita en el momento en que se solicita, es lo más habitual en estos casos.

Otra de las causas de esta situación “inadmisible” es el efecto embudo originado por la afluencia de muchos pacientes y la generalización de pruebas diagnósticas “innecesarias” que, debido a la demora en la siguiente visita al especialista, acaban perdiendo validez y requieren ser repetidas. “Se precisa una organización más eficiente”, recomienda el vicepresidente de la SEGG. El hecho es que no se debe esperar para acudir al especialista cuando se detecta alguna anomalía, pero tampoco ser alarmistas y taponar el servicio.

“Por otro lado, la espera se acentúa debido a que, en algunos hospitales, las listas empiezan oficialmente a correr sólo cuando te dan una fecha, que también tiene su lista de espera. Después vendrá la lista de espera para las pruebas diagnósticas, de cuyas listas ni siquiera hay datos en la mayor parte de los hospitales. Y el proceso es acumulativo”, denuncia CEOMA.

Soluciones

A principios de año, la ministra de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, presentó a las comunidades autónomas el proyecto de Real Decreto por el que se establecen las medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre listas de espera que tiene cada centro sanitario.

De aprobarse, aseguran desde el Ministerio, “los ciudadanos dispondrían de información homogénea y periódica sobre la situación de las demoras, las cuales se pretende sean lo más cortas posibles”. Sin embargo, para las asociaciones que defienden los intereses de los mayores, no parece suficiente.

“Es preciso que se acelere el Anteproyecto de Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y que el Ministerio de Sanidad y Consumo, liberado de las presiones diarias de la gestión, defina pronto las garantías y el tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias, la puesta en marcha de auditorias externas, y la obligatoriedad de un sistema de información fiable, que evite en este caso la (aparentemente) bochornosa falta de datos existente”, subrayan en CEOMA.

Además, para estos colectivos, es “imprescindible” ampliar el gasto público, por lo menos, un punto sobre el PIB, “para estar al nivel de los países de nuestro entorno”. “Si hay recursos económicos -puntualiza Antonio Burgueño-, aumentarán las posibilidades de acabar con las listas de espera. Una actuación a la que contribuiría también la apuesta por especialidades específicas de geriatría multidisciplinar”.

“Es fundamental la universalización de la asistencia geriátrica y de los servicios de geriatría hospitalarios en toda la red pública, para que las prioridades puedan establecerse con rigor y de acuerdo a la evidencia científica y reducir al mínimo la invalidez evitable”, explica Joaquín Midón. “Cuando un anciano pierde o ve deteriorada su capacidad de desenvolverse por sí mismo, el abordaje rápido del problema clínico que lo ha producido es básico para conseguir la recuperación total y prevenir la dependencia”, advierte.

Además de estas soluciones, el vicepresidente de la SEGG incide en la necesidad de proporcionar a los equipos de atención primaria más medios técnicos y humanos. “De esta manera, podrían asumir un mayor número de patologías sin necesidad de enviar al paciente al especialista”. “También sería importante aumentar las horas de funcionamiento de las tecnologías, el número de puntos intermedios de atención continuada fuera de los hospitales y concienciar a la población de las repercusiones globales de un mal uso de los servicios”, indica Midón.

Sobre la posibilidad de facilitar el acceso a las personas mayores de toda la Unión Europea a los sistemas sanitarios de los países miembros, el Defensor del Paciente (ADEPA) se muestra tajante: “No estamos de acuerdo con esta medida, sería más eficiente habilitar quirófanos en días de fiesta o fines de semana y contratar más personal”, señala el secretario de ADEPA, Ramón Prieto.

Recomendaciones al paciente

Fiel a su nombre, el Defensor del Paciente vela por que los enfermos reciban la atención sanitaria pertinente de manera que su estado no empeore. Ramón Prieto justifica, incluso, la necesidad de acudir a la sanidad privada “cuando el deterioro físico es importante y el sistema público no da una solución”.

ADEPA tiene previsto en estos casos un mecanismo por el que el afectado puede solicitar a la sanidad pública el reembolso de los gastos. “Siempre y cuando el paciente, pos su enfermedad, se haya visto obligado a tomar esa decisión”.

Además, el Defensor ha elaborado las siguientes recomendaciones para los afectados por listas de espera excesivas:

  • Cuando se necesite una prueba importante, tales como una mamografía, escáner, resonancia, una intervención quirúrgica o la necesidad de acudir a un especialista, y la espera rebase los dos meses (para la mamografía), tres meses (para el escáner), un mes (para la resonancia), etc., el paciente pedirá la Hoja Oficial de Reclamaciones en donde dejará constancia escrita de su situación y de las posibles secuelas que puedan aparecer a causa del retraso.

  • Como han señalado los Tribunales, el daño que se sufra será antijurídico cuando venga dado por una lista mal gestionada o irracional, de duración exagerada, cuando hubiere un error en la clasificación de la prioridad del enfermo o cuando en el curso de esa espera se produjesen empeoramientos o deterioros de la salud que lleven secuelas irreversibles o que, sin llegarla a anular, sí mitiguen la eficacia de la intervención esperada.

  • En estos casos cabe iniciar una Reclamación sobre Responsabilidad Patrimonial de la Administración Sanitaria (Vía Contencioso-Administrativa) solicitando la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la lista de espera.

“El problema viene a la hora de recibir esa indemnización, ya que, al haber sido transferidas las competencias en materia de sanidad a cada comunidad autónoma, no queda claro de quién es la competencia en caso de negligencias ocurridas antes de este proceso”, se queja el secretario del Defensor del Paciente.

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