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La prohibición parcial de fumar en espacios públicos evita cada año en España 1.500 muertes

La Sociedad Española de Epidemiología se muestra partidaria de una prohibición total en bares y restaurantes

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: viernes 12 febrero de 2010

Aunque la disminución del número de fumadores era una realidad antes de la ley -a razón de un 2,2% anual menos en hombres y 2,9% en mujeres-, la norma supuso un “cambio radical” en la tasa de mortalidad causada por el tabaquismo pasivo, señaló el portavoz de la Unidad de Investigación y Control del Tabaquismo del Instituto Catalán de Oncología (ICO), Esteve Fernández.

La última encuesta estatal de salud de 2006 refleja que fuman el 29% de los españoles, una cifra que los médicos consideran “elevada” en relación a otros países europeos, por lo que vaticinaron que con la prohibición total, prevista para este año, más gente dejará de fumar y sobre todo no comenzarán a hacerlo muchos jóvenes. Los autores indicaron también que la ley fue “bien aceptada” por la sociedad, incluso por los fumadores, que en un porcentaje creciente -cercano al 50%- verían con buenos ojos la prohibición total.

Los representantes de la Sociedad Española de Epidemiología descartaron que la prohibición definitiva de fumar en locales de restauración vaya a provocar pérdidas económicas, tal y como defienden los restauradores. Para ello, se basan en estudios realizados en países que ya aplicaron esta medida. Además, señalaron que los estudios que hablan de pérdidas millonarias y destrucción de puestos de trabajo se realizaron con “fallos metodológicos graves” o incluso subvencionados por tabacaleras y restauradores. Los informes evidencian también que en los restaurantes donde se prohibió fumar la nicotina ambiental se redujo un 96,7% y el nivel de cotinina en la salivas de los trabajos lo hizo en un 63,7%. En cambio, los locales que todavía permiten fumar registraron un aumento de dicha sustancia en sus empleados del 20,6%.

También se refirieron a la “disparidad” de las cifras y resultados obtenidos en función del gobierno autonómico, ya que la ley de 2005 permitió que algunos gobiernos regionales aplicaran exenciones sobre algunos puntos y dejaran de lado también la potestad que tenían de realizar inspecciones sanitarias para aplicar sanciones. El estudio señala así que Cataluña, Aragón y Andalucía son las comunidades que más inspecciones realizaron -32.500, 10.000 y 9.000, de forma respectiva-, seguidas por Cantabria, Navarra y Asturias, mientras que del resto no se dispone de datos. Aragón impuso 546 sanciones por el incumplimiento de la norma; Asturias, 498; Andalucía, 291, y Cataluña, 274.

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