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La UE advierte a España que si no modifica las reglas de establecimiento de farmacias podría denunciarla ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Considera que las restricciones de población y distancia son "desproporcionadas" y "contraproducentes"

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: jueves 29 junio de 2006
La Comisión Europea ha dado a las autoridades españolas dos meses para modificar las reglas de establecimiento de farmacias o, de lo contrario, llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE). A su juicio, las restricciones de población (un establecimiento para entre 2.800 y 4.000 habitantes) y distancia (separación mínima de 250 metros entre farmacias) son "desproporcionadas" e incluso "contraproducentes" para garantizar el suministro de medicamentos.

Bruselas opina que sería más apropiado que no pudiera abrirse ninguna farmacia más en una zona con muchos establecimientos hasta que el área que no tenga boticas disponga de al menos una, sistema adoptado por Navarra.

Por otro lado, considera "discriminatoria" la prioridad que dan algunas comunidades autónomas, como la Valenciana, en la adjudicación de licencias a los profesionales con experiencia en esa región.

Respecto a las normas de propiedad, le parece excesivo que sólo los licenciados en Farmacia puedan ser los propietarios de estos establecimientos e impedir que un mismo farmacéutico pueda tener más de una botica al mismo tiempo.

Respuesta de los farmacéuticos

La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) no comparte los planteamientos del Ejecutivo de la UE y considera que son otros países los que deben modificar los criterios de establecimiento de oficinas de farmacia.

La FEFE recuerda que los Estados miembros tienen competencias exclusivas en materia sanitaria. "Si en los precios de los medicamentos cada país es soberano, cuanto más en el servicio que se presta", apunta la Federación.

Los farmacéuticos insisten en que España "ha adecuado la red de farmacias a las necesidades de la población", primando el criterio de atención sanitaria sobre el económico. En su opinión, desligar la propiedad de la titularidad de las oficinas de farmacia dejaría al usuario en manos del capital foráneo, que primaría el rendimiento económico sobre el sanitario.

Niegan además que el sistema sea contraproducente, como asegura Bruselas. "Contraproducente -dicen- sería lo que ha pasado en sitios donde se ha liberalizado la instalación de oficinas y se han abierto en zonas rentables y las poblaciones más desfavorecidas han quedado desabastecidas".

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