Más de 280 afectados por el agua contaminada en Barcelona

Los médicos dicen que el brote ya está empezando a remitir
Por EROSKI Consumer 9 de agosto de 2002

El brote de gastroenteritis declarado el pasado lunes en la localidad barcelonesa de Santa María de Palautordera, y producido por un fallo en la potabilización del agua, afecta ya a más de 280 personas, de las que diez continúan hospitalizadas. No obstante, según los médicos del ambulatorio de la localidad catalana -que en algunos momentos estuvieron al borde del colapso- el brote «ya está remitiendo», aunque explicaron que durante todo el día de ayer siguieron atendiendo a personas que acudieron al centro «con síntomas de infección intestinal o para pedir información porque estaban asustadas».

Por su parte, el alcalde de Santa Maria de Palautordera, Joan Mayneris, explicó que la empresa suministradora Comunitat D´Aigues S.L. está procediendo a sacar todo el agua acumulada en depósitos, filtros y conducciones de la red de suministro para proceder a desinfectar las instalaciones con agua y una concentración muy alta de cloro. La compañía interrumpió la captación de agua al ver que venía cargada de barro y materia orgánica, producto de las abundantes lluvias caídas recientemente en la región. El alcalde quiso recordar a la población que, a pesar de las labores de limpieza que durarán al menos dos días más, es preferible que, de momento, se utilice agua embotellada para beber, y confirmó que ya se ha abierto expediente informativo a la compañía y que la situación vuelve a la normalidad, aunque sigue sin tener constancia oficial por parte de la Generalitat de que la causa de este brote de gastroenteritis se encuentre en el agua.

Por su parte, la portavoz de Medio Ambiente del Partido Socialista de Cataluña (PSC), Montserrat Tura, exigió a la Generalitat que asuma su responsabilidad en el brote de gastroenteritis. Según denunció ayer la diputada socialista, la empresa suministradora sólo tenía autorización para captar agua del río Tordera para destinarla al riego, pero la Agencia Catalana del Agua, que depende del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat, «sabía que estaba suministrando agua para el consumo humano a los vecinos, lo permitía y no lo prohibía». Y señaló que desde la Administración Autonómica «había un consentimiento explícito» de este suministro.

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