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Más de 300.000 dependientes no reciben atención en España

La mortalidad redujo en 2011 la cifra de beneficiarios en 60.000 personas

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  • Fecha de publicación: viernes 13 enero de 2012

En un informe, la organización señala que de estas 305.000 personas con derecho a una prestación o servicio, más de la mitad (166.413) son grandes dependientes (Grado I, Nivel 2), es decir, quienes se encuentran en una situación más delicada. A estas personas, que suponen el 28,9% del total de dependientes reconocidos en España, no les afecta el retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia aprobado por el Gobierno y que está pensado para posponer la incorporación al sistema de quienes tienen un menor grado de dependencia ajena, los dependientes moderados.

El informe explica que, en paralelo, "el promedio mensual de incremento de atenciones del año 2011 ha sido de 6.649 -tres veces menos que la de años anteriores- y la tendencia desde mayo del pasado año ha sido decreciente". En este sentido, destaca que en algunas comunidades autónomas la variación ha sido negativa, ya que salen por fallecimiento más dependientes del sistema de los que se incorporan. En el año 2011 el balance se ha saldado con 60.000 grandes dependientes atendidos menos.

Por regiones, los datos del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia actualizados a 1 de enero revelan que en Canarias el 56% de los dependientes se encuentran en esta situación. Son así más de 10.000 personas con derecho reconocido oficialmente a recibir atención pero sin que se haga efectiva. En Galicia el porcentaje es del 44,3% y afecta a 27.977 personas, mientras que en la Comunidad Valenciana el 41% se encuentra en esta situación, un total de 29.754 ciudadanos sin atender. También están cinco puntos por encima de la media nacional Aragón (34%), Baleares (38,8%) y Cantabria (34,2%). Sin embargo, hay regiones que sí cumplen con las previsiones de la ley, como Castilla y León, donde solo un 8% de los dependientes reconocidos está sin atender, igual que en Ceuta y Melilla.

"O se comienza a considerar los servicios sociales y la dependencia como inversión social, que además de generar calidad de vida y bienestar de las personas y familias más vulnerables, provoca unos retornos económicos y generación de empleo, o se va a convertir en un gasto que alguien vendrá a recortar", advirtió el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

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