El próximo 1 de mayo entrará en vigor un nuevo reglamento por el que 15 estados europeos se comprometen a pagar los tratamientos sanitarios de los ciudadanos que residen en otro país de la Unión Europea (UE). La medida será efectiva tanto en sus países de residencia como si los ciudadanos desplazados deciden volver a su hogar para acceder a estos servicios.
El contenido de este reglamento ya se ha incluido en el «texto de consenso» que impulsa la Presidencia española, con el objetivo de «buscar apoyos políticos» que permitan aprobar en junio la futura Directiva de Sanidad Transfronteriza de la UE, indicó la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, durante la presentación de las conclusiones de la reunión informal de ministros de Salud de los Veintisiete que se celebró la semana pasada en Madrid.
El acuerdo necesario para sacar adelante esta Directiva de Sanidad Transfronteriza se bloqueó en diciembre por parte de una minoría de países -encabezada por España-, ya que su texto defendía la postura de países que, como Reino Unido, querían que fuera el país de residencia el que se encargara de pagar las facturas sanitarias de los europeos foráneos. Sin embargo, «ahora España no forma parte de una minoría, sino que ocupa la Presidencia de la UE» y desde ese cargo ha impulsado un texto para el debate que, además de incluir los contenidos del reglamento 883, podría contemplan otras propuestas debatidas estos días en Madrid. Entre ellas, destacan las condiciones en las que un ciudadano europeo residente en un país distinto al de su origen recibe tratamiento o es atendido de un accidente en un tercer país, explicó Jiménez.
«Si un ciudadano holandés que reside en España se traslada a Italia para recibir tratamiento, sólo podría pedir el reembolso del mismo con determinadas condiciones: que no pasara la noche en un hospital, que no implique el uso de tecnología sofisticada o no reciba un tratamiento experimental», señaló Jiménez, quien recalcó que estas propuestas aún no están incluidas en el texto de consenso que planteará España para la futura directiva.
En principio, no se podrá pedir el reembolso de un tratamiento no reconocido en el país de origen y el coste tampoco podrá ser superior de lo que costaría el mismo tratamiento en España. No obstante, Jiménez advirtió de que estas últimas son propuestas que se tendrán que debatir y que el debate del texto que impulsa España para la directiva sobre atención transfronteriza también es aún un proyecto.
