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Reforzar la teleasistencia y aumentar el número de residencias, retos del futuro Sistema Nacional de Dependencia

Las residencias públicas tienen listas de espera de 75.000 personas mientras el 12% de las plazas de las privadas están libres, según las asociaciones de mayores

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: lunes 17 mayo de 2004

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) y la Federación Nacional de Centros y Servicios de Mayores (FNM) ya se han apresurado a recordar al Gobierno de Zapatero que mientras el 12% de las plazas privadas se encuentran desocupadas (unas 18.500), la lista de espera para acceder a una residencia pública es de 75.000 personas. Eso según las estimaciones más optimistas, porque las más pesimistas señalan que entre 85.000 y 136.000 mayores no tienen acceso a este servicio.

¿Por qué se producen esos desequilibrios entre el sector público y el privado? Uno de los motivos que esgrimen desde la FNM es que, si bien España va acortando distancias con sus vecinos europeos en cuanto al número de plazas residenciales que están a disposición de los mayores, aún estamos muy lejos de poseer el mismo nivel de accesibilidad y disponibilidad económica para hacer uso de ellas.

De hecho, de las 3,1 camas por cada cien mayores que anunciaba el informe 2002 "Las personas mayores en España", y que fue realizado por el anterior equipo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, los estudios más recientes señalan que a corto plazo se alcanzará la cifra de 4,6 camas por cada cien personas, unos números más cercanos al nivel de Europa (5,2). En concreto, hoy día, nuestros mayores pueden disfrutar de 269.110 plazas residenciales, y, en un futuro inmediato, de otras 45.660 que se van a construir. Los datos provienen de un informe de la FNM, que realizó 290.000 encuestas durante 2003 en todas las residencias del país (4.814) y en los ayuntamientos.

Negocio en alza

La dependencia ha propiciado un negocio floreciente. Su expansión, traducida a cifras, supone que ahora casi seis de cada diez camas residenciales pertenecen, y son gestionadas, exclusivamente por entidades privadas, o lo que es lo mismo: las empresas tienen en sus manos nada menos que un 57% del total de plazas existentes en España. De tal forma que la oferta pública apenas representa un 19,6%, y la concertada (de titularidad pública pero gestionada por el sector privado), un 7,8%. Congregaciones y fundaciones religiosas controlan el 15% restante.

No obstante, y aunque la atención a los mayores parece un negocio redondo, los empresarios se afanan en demostrar que no obtienen grandes beneficios. Actualmente, el 12% de sus plazas están vacías. Y dicen que pierden dinero a través de los conciertos con la Administración. "Las instituciones públicas no pagan lo suficiente como para que el empresario invierta en plazas concertadas. Sus precios son muy bajos. Pagan unos 900 euros al mes por cada cama, cuando a nosotros nos cuesta entre 1.200 y 1.400 euros. Sólo pretendemos cubrir los costes y ganar un margen mínimo de beneficios", afirma Miguel Jiménez, presidente de la FNM.

Precios elevados

Muy diferentes son los precios que después abona el residente por su estancia. Quien accede a una residencia pública o concertada suele abonar un porcentaje determinado de su pensión, el que estipule su respectiva comunidad autónoma o ayuntamiento. Sin embargo, para acudir a un centro privado hay que estar dispuesto a entregar una media de entre 1.200 y 1.800 euros al mes.

Los empresarios tienen sus razones para fijar estos precios tan elevados: "Mientras la Administración nos exige un mínimo de un empleado por cada tres ancianos, en la práctica la situación es bien distinta. Necesitan una atención mayor, así que normalmente existe un profesional para cada dos residentes", dice Jiménez.

Las explicaciones de la FNM están en sintonía con la posición que adopta la Ceoma. Su presidente, Eduardo Rodríguez Rovira, considera que "es inadmisible que cueste menos una plaza concertada que una pública", la cual ronda los 1.500 euros mensuales, según los datos de esta organización. "La Administración -dice Rovira- tiene que subir los precios de salida porque si no se deteriora la calidad". Ésa es otra de las preocupaciones que traen de cabeza a esta asociación, y para cuya solución propone que existan entidades independientes encargadas de acreditar el nivel de calidad de las residencias.

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