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Un comité dará respuesta a los dilemas éticos derivados de los nuevos avances científicos

Está formado por 12 expertos cuyas decisiones nunca serán vinculantes

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  • Fecha de publicación: jueves 27 diciembre de 2007
Cinco meses después de la aprobación de la Ley de Investigación Biomédica, se ha puesto en marcha el Comité de Bioética de España. Este organismo ayudará al Gobierno a tomar decisiones sobre aquellas actividades ligadas a los nuevos avances científicos en terapia celular y medicina regenerativa. La eutanasia, los análisis genéticos y el derecho a la confidencialidad, la creación de embriones híbridos, la nanomedicina o los ensayos con enfermos son algunos de los temas que tendrá sobre la mesa en los próximos cuatro años.

El Comité, de carácter colegiado e independiente, está formado por 12 miembros elegidos equitativamente a propuesta de las comunidades autónomas y de los ministerios de Sanidad y Consumo, Justicia, Educación y Ciencia, e Industria, Turismo y Comercio.

Los expertos en cuestión son Carlos Alonso Bedate (del Centro de Biología Molecular), Yolanda Gómez (catedrática de Derecho Constitucional), Carmen Ayuso (genetista), José Antonio Martín Pallín (magistrado del Tribunal Supremo), Victoria Camps (catedrática de Ética), Jordi Camí (director del Parque de Investigación de Barcelona), César Nombela (catedrático de Microbiología), María Casado (profesora de Filosofía del Derecho), César Loris (nefrólogo infantil), Marcelo Palacios (presidente de la Sociedad Internacional de Bioética), Carlos Romeo Casabona (catedrático de Derecho y Genoma del País Vasco) y Pablo Simón (de la Escuela Andaluza de Salud Pública).

Su mandato se prolongará durante cuatro años, prorrogables sólo una vez. Está prevista la salvedad de que algún nuevo integrante sustituya, antes de la expiración del plazo, a otro previamente designado. La renovación de los integrantes del Comité se realizará por mitades cada dos años, salvo la primera, que se hará por sorteo.

La labor de este organismo será debatir, emitir informes y asesorar. Las decisiones nunca serán vinculantes. Además, no tendrá potestad para dictaminar sobre asuntos al límite de la legalidad. La eutanasia y el aborto podrían ser los primeros temas a abordar.

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