• Autor: Por xavi
• Fecha de publicación: jueves 21 marzo de 2002

La prohibición ha generado malestar entre los ganaderos de Castilla y León, que han pedido al Ejecutivo que se reduzcan la separación entre naves. Carlos Escribano, director general de Ganadería del Ministerio de Agricultura, ha reconocido que "la relajación de las medidas de bioseguridad implica un riesgo" mientras existan casos de PPC. Escribano asegura que "existe riesgo de que la industria pueda transmitir alguna enfermedad a las explotaciones o granjas limítrofes y que las explotaciones porcinas pueden ser también un vehículo de contaminación", según ha informado El Norte de Castilla.

Los ganaderos de la provincia de Segovia y del conjunto de la región ya han pedido varias veces la modificación del Real Decreto 324/2000. Algunas de estas peticiones llegan desde las Cortes de Castilla y León y de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Estas últimas peticiones argumentan que la medida, que pretende evitar problemas sanitarios para evitar la propagación de epidemias, no se justifican en las explotaciones porcinas con industrias transformadoras que utilizan piezas congeladas.

La otra cara de la moneda

En Cataluña, la asociación ecologista Grupo de Defensa del Ter (GDT) ha denunciado la construcción de nuevas granjas y la ampliación de otras existentes dentro de la zona de la comarca de Osona afectada por la peste porcina clásica (PPC).

El grupo ecologista, que ha denunciado los hechos ante la Generalitat catalana, exige la paralización de las obras y pide responsabilidades a los implicados. Además, han insistido en la necesidad de que la Administración ayude para la "reconversión global de la agricultura que integre la actividad ganadera como una actividad complementaria ganadera", según ha informado El Mundo.