Saltar el menú de navegación e ir al contenido

EROSKI CONSUMER, el diario del consumidor

Buscador

logotipo de fundación

Canales de EROSKI CONSUMER


Estás en la siguiente localización: Portada > Seguridad alimentaria > Normativa legal

Defensa legal de la producción agrícola ecológica

La creciente demanda de alimentos ecológicos ha obligado a establecer un marco legal adecuado en las fases de producción y comercialización

Algunos estudios destacan que en los últimos años se ha incrementado la demanda de alimentos ecológicos en el ámbito de la Unión Europa. Esta circunstancia ha conllevado, irremediablemente, un aumento significativo de la superficie agrícola cultivada para la obtención de estos productos mediante métodos de producción respetuosos con el medio ambiente. Para aumentar también la confianza de los consumidores hacia estos productos se ha elaborado una legislación específica.

Una legislación específica sobre producción agrícola ecológica ha contribuido a una mayor demanda de los consumidores europeos, que atribuyen mayor importancia a la calidad de los alimentos y a la transparencia en su elaboración. El aumento de confianza respecto a estos productos se ha intentado obtener a través de la creación de un sistema de etiquetado ecológico y de control capaz de transmitir al consumidor la garantía de que el producto goza de los atributos ecológicos que comunica en relación al uso de técnicas agrarias que excluyen productos químicos de síntesis (como fertilizantes, plaguicidas, y otros). El objetivo es preservar el medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales. Todo ello a cambio de un precio, normalmente, más elevado.

En algunos supuestos concretos los tribunales de justicia han tenido que poner cierto orden en la utilización de denominaciones específicas en el etiquetado de determinados alimentos y a la permisión legal de algunos Estados miembros a esta acción. Las luchas legales y judiciales acabaron con la aprobación de un Reglamento comunitario y la adaptación del mismo al derecho español, mediante un Real Decreto aprobado a finales de 2005.

España, pionera en legislación y producción

Desde 1991 la producción ecológica española ha pasado de 4.000 hectáreas a unas 750.000 España es pionera en cuanto a normativa específica relativa a agricultura ecológica. En 1989 ya se aprobó el Reglamento de la Denominación Genérica de Agricultura Ecológica y su Consejo Regulador, que fue el encargado inicialmente de controlar la producción ecológica en todo el territorio nacional. Tuvieron que pasar aún dos años más hasta que el legislador comunitario aprobara en 1991 el Reglamento sobre la «Producción Agrícola Ecológica» y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, que supuso una primera armonización legislativa sobre la materia en todos los Estados miembros.

Con posterioridad, el legislador español no tuvo más remedio que adaptarse a los parámetros legales comunitarios, aprobando en 1993 un Real Decreto que establece la nueva regulación de agricultura ecológica basada en el Reglamento comunitario, especialmente sobre etiquetado de los productos agrarios, producción y transformación de los productos obtenidos mediante este tipo de agricultura, así como a la importación de terceros países. En estos momentos, las comunidades autónomas empiezan a asumir las competencias de control de este sistema de producción.

La previsión legislativa ha permitido que España se sitúe a la cabeza de la UE en cuanto a producción ecológica se refiere. Desde 1991 hasta la fecha se ha pasado de algo más de 4.000 hectáreas cultivadas a alrededor de 750.000, y de unos 400 operadores a aproximadamente unos 18.000. Sin embargo, este hecho diferenciador nada tiene que ver con el consumo de alimentos ecológicos, que en España rondaba hace apenas unos años el 0,5% del total nacional; a diferencia de otros países de la UE, como Alemania, con un 10% o Dinamarca, con un 30%.

El sistema de control

La creciente demanda de productos agrarios y alimenticios, con menciones que indican o sugieren a los compradores que se han obtenido de forma ecológica o sin utilización de productos químicos de síntesis, requiere un adecuado sistema de control que permita preservar los intereses de los consumidores y de los operadores económicos. En este sentido, y durante los últimos años, las normas comunitarias sobre producción, etiquetado y control han desplegado toda su eficacia para proteger la agricultura ecológica, garantizando la protección de los derechos de los consumidores, y preservando unas condiciones de competencia leal entre los operadores económicos. La transparencia y la pérdida del anonimato en todas las fases de producción, elaboración y comercialización de los productos ecológicos han permitido una mayor credibilidad y confianza de los consumidores.

A tal fin, la normativa comunitaria establece los principios mínimos que deberán observarse para que el producto pueda presentarse con indicaciones propias de la producción agrícola ecológica. Deben cumplirse así prácticas concretas sobre el uso de fertilizantes o pesticidas que puedan tener efectos desfavorables para el medio ambiente o dar lugar a la presencia de residuos en los productos agrarios; cumplir las condiciones de utilización de determinados productos no químicos de síntesis; y utilizarse sólo aquellos productos que estén previamente autorizados para este tipo de agricultura.

El control del cumplimiento de las normas exige, en principio, controles en todas las fases de producción y comercialización. En este sentido, todos los operadores que produzcan, elaboren, importen o comercialicen productos que lleven una indicación referente a la producción ecológica deberán someterse a un régimen de controles sistemáticos que cumplan las condiciones comunitarias mínimas y sean efectuados por autoridades de control designados y organismos autorizados y supervisados.

En España, el control y la certificación agraria ecológica se lleva a cabo mayoritariamente a través de Consejos o Comités de Agricultura Ecológica territoriales, que son organismos dependientes de las Consejerías o departamentos de Agricultura de las comunidades autónomas, o directamente por Direcciones Generales adscritas a las mismas. Algunas Comunidades Autónomas, como Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón, han autorizado que organismos privados realicen tales funciones.

Para que el consumidor pueda distinguir en el mercado los productos procedentes de la agricultura ecológica, la normativa dispone que todas las unidades envasadas, además de su propia marca, deban llevar una etiqueta (o contraetiqueta) numerada y un logotipo o anagrama específico, con el nombre y/o el código de la autoridad u organismo de control y la leyenda «agricultura ecológica».

FIN DE UN GUERRA 'ECOLÓGICA'

La normativa española debió adaptarse irremediablemente a la legislación comunitaria a finales de 2005, dando cumplimiento así a una Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictada en julio del pasado año, y cuyo trasfondo venía dado por la permisión legal del uso del controvertido término «bio» en determinados productos alimenticios.

Tanto el legislador como los jueces comunitarios y españoles se han puesto, por fin, de acuerdo al considerar que los términos «ecológico», «biológico», «orgánico», así como sus diminutivos habituales como «eco» o «bio», quedaban reservados para el etiquetado, publicidad y documentos comerciales de los productos de la agricultura ecológica.

Los antecedentes de esta polémica legal vienen de lejos. El legislador español había limitado en 1993 el uso de ciertas denominaciones únicamente para los productos elaborados por el método ecológico de producción. Sin embargo, una modificación de la normativa anterior liberalizó la utilización en el uso de los términos «biológico» y «bio», lo que provocó la interpelación a la justicia y la intervención de la propia Comisión, al considerar que España incumplía la normativa comunitaria, además de la consiguiente confusión generada a los consumidores con dicha actitud.

Los Tribunales de Justicia comunitarios dieron la razón a España, en cuanto a que no estaba limitado el uso del término «bio» para otros productos alimenticios, no procedentes de la agricultura ecológica, hasta 2004. Sin embargo, tras la aprobación de una nueva modificación del Reglamento comunitario de 1991 sobre la materia en 2004, se amplió la limitación de términos reservados a los productos obtenidos mediante el método de producción ecológico, incluyendo también los términos «biológico» y «bio». La conclusión del Tribunal de Justicia no se hizo esperar, y estableció que la normativa española sobre etiquetado de agricultura ecológica no podía permitir el uso del término «biológico» y «bio» en productos no obtenidos por medio del método de producción ecológica.

Bibliografía

Normativa

  • Reglamento (CEE) número 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. Modificado por Reglamento (CE) número 1935/1995, de 22 de junio de 1995; número 1804/1999, de 19 de julio de 1999; y número 392/2004 del Consejo, de 24 de febrero de 2004.
  • Real Decreto número 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica y su indicación en productos agrarios y alimenticios. Modificado por Real Decreto número 1614/2005, de 30 de diciembre de 2005.
Bibliografía
  • MONTORO RÍOS, Francisco Javier; CASTAÑEDA GARCÍA, José Alberto; y MUÑOS LEIVA, Francisco; Efecto de la certificación de agricultura ecológica sobre el comportamiento del comprador. Estudios de Consumo, 2004.
  • MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN; La Agricultura Ecológica en España: http://www.mapa.es/es/alimentacion/pags/ecologica/introduccion.htm
  • LÓPEZ BARBERO, Esther; Punto y final a los problemas de la normativa española con el etiquetado «bio». Base de Datos de EL DERECHO, 21 de febrero de 2006.

Etiquetas:

nus

Al publicar un comentario aceptas la política de protección de datos

Te puede interesar:

Infografías | Fotografías | Investigaciones