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Derecho a la alimentación

El principio fundamental del derecho a la alimentación pasa por la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes y sin sustancias nocivas

El derecho a la alimentación constituye un derecho humano y universal de primer orden que debe contar con el apoyo de todos y cada uno de los gobiernos del mundo para evitar una situación continua de inseguridad alimentaria. Es también una obligación legal que necesita mecanismos jurídicos concretos que permitan una aplicación inmediata. Así, el pasado 16 de octubre la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) celebró el Día Mundial de la Alimentación que tuvo como tema El derecho a la alimentación. Su contenido no es otro que el derecho inalienable, como define la organización, de todo ser humano de contar con acceso regular a una cantidad de alimentos adecuados desde el punto de vista nutricional y culturalmente aceptables para desarrollar una vida sana y activa.

La alimentación, derecho humano

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El derecho humano a la alimentación no es nuevo y se ha establecido sobre el papel en numerosos tratados u otros instrumentos internacionales, incluidos la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966) y la Convención sobre los derechos del niño (1989). En la actualidad, la FAO considera que el enfoque basado en los derechos es un instrumento clave para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio acordados a nivel internacional, y especialmente el derecho a la alimentación para reducir el hambre a la mitad en 2015.

El enfoque de la seguridad alimentaria de la FAO contempla que todas las personas no sólo no pasen hambre sino que puedan procurarse alimentos para una vida sana

La FAO editó en 2006 una guía práctica para la aplicación adecuada de las Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Las directrices que establecen son recomendaciones que la FAO realiza para ayudar a los gobiernos a aplicar el derecho a la alimentación en sus países para erradicar el hambre. El principio es que la alimentación adecuada de cualquier persona constituye un derecho humano a respetar por los estados y requiere «la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada; la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos».

El enfoque de la seguridad alimentaria dado por la FAO basado en los derechos y, más concretamente, en el derecho a la alimentación, obliga en el ámbito legal a los gobiernos a actuar de manera que todas las personas no sólo no pasen hambre sino que puedan producir o procurarse, de forma plenamente acorde con su dignidad humana, alimentos adecuados para una vida activa y sana.

En este sentido, las administraciones públicas tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la alimentación con todos sus medios, permitiendo y favoreciendo el acceso de los ciudadanos a una alimentación adecuada, y estableciendo las medidas necesarias para que las personas logren la autosuficiencia alimentaria, garantizando el acceso a los alimentos cuando ello no sea posible.

Sin embargo, para que toda persona sea titular de derechos y esté plenamente legitimada para exigir que el gobierno cumpla dichas obligaciones, debe dotarse a los estados de un marco jurídico adecuado para que los ciudadanos dispongan de acciones eficaces ante el incumplimiento de sus derechos fundamentales. No sólo es importante que oficialmente se reconozca a todas las personas como titulares de derechos, sino también que las personas se consideren a sí mismas como tales y sean capaces de actuar en consecuencia.

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