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El alcance socioeconómico de la PPC

La aparición de un brote de peste porcina clásica en una explotación de Lleida, ha devuelto al primer plano de la información una enfermedad que se consideraba erradicada. Aunque no afecta a la salud humana, su impacto y difícil control acarrea graves consecuencias económicas, además de abrir una nueva crisis en el sector alimentario.

La declaración de peste porcina

JUAN RAMON HIDALGO

La normativa europea insta a los Estados miembros a coordinarse en materia de lucha contra la peste porcina clásica, así como a notificar obligatoriamente y de forma inmediata a la autoridad competente. Después de 1987, y como resultado positivo de las medidas adoptadas hasta entonces, el nuevo panorama sanitario permite eliminar una de las medidas: la vacunación. La prohibición de la misma se ordenó en el Real Decreto 866/1988, de 24 de junio, y la normativa actual la mantiene en todo el territorio nacional, si bien, cuando se haya confirmado la enfermedad y amenace con propagarse de forma alarmante, se podrá decidir la vacunación de emergencia.

Las medidas que deben adoptarse en caso de sospecha y de confirmación de la enfermedad afectan de forma directa a los porcinocultores, así como a otros sectores o profesionales relacionados con el sector porcino, determinando, en algunos casos, indemnizaciones para los afectados. Si bien las pérdidas económicas ocasionadas no son totalmente resarcidas, quedan en la mayoría de los casos indemnes de responsabilidad quien en su caso debió asumir con los daños y perjuicios, ya sea por una infracción de las normas de prevención del riesgo de extensión de la enfermedad o por la ausencia de control de la autoridad competente.

La Directiva 80/217/CEE y la Directiva 91/687/CEE, así como sus modificaciones posteriores, adoptaron medidas comunitarias para la lucha contra la peste porcina clásica. La adecuación del Derecho español a la normativa comunitaria se realizó por medio del Real Decreto 2159/1993, de 13 de diciembre. La sospecha de peste porcina clásica obliga a la notificación inmediata a la autoridad competente, a fin de que adopte las medidas legalmente establecidas. En el caso de que en una explotación se sospeche que uno o varios cerdos pueden padecer la enfermedad, tras la notificación, deben ponerse en marcha, por el veterinario oficial, las medidas de investigación oficiales para su confirmación.

La autoridad competente, tras la notificación de la sospecha, ordenará que la explotación quede bajo vigilancia oficial, debiendo de adoptar las siguientes medidas: el censado de todas las categorías de cerdos existentes en la explotación, precisando por cada una de ellas el número de animales muertos y los infectados o susceptibles de estar infectados (dicho recuento habrá de actualizarse); mantener a todos los cerdos de la explotación en sus locales de alojamiento o en otros lugares que permitan su aislamiento dentro de la misma explotación; la prohibición de entrada y de salida de cerdos en la explotación, que podrá adoptarse, incluso, con otras especies (si bien se podrá permitir la salida de animales destinados al sacrificio, y bajo control oficial, si no se confirma la enfermedad en un plazo de quince días, prohibiéndose que las carnes sean destinadas al intercambio intracomunitario como carne fresca); la prohibición de salida de carne o cadáveres de porcino, así como alimentos para animales, utensilios y otros objetos y desperdicios susceptibles de vehicular el virus de la peste porcina clásica, salvo autorización expresa de la autoridad competente; y restricción máxima del movimiento de personas y vehículos.

De la misma forma se dispondrá la desinfección más adecuada, tanto en entradas como salidas de los locales de alojamiento de los cerdos y de la explotación. La sospecha afectará también a toda concentración de ganado porcino dentro de un radio de al menos 10 kilómetros alrededor del foco sospechoso, hecho que determinará la suspensión de ferias, mercados y exposiciones de ganado. Las medidas deberán mantenerse hasta que se desestime oficialmente la sospecha de peste porcina.


Declaración oficial


La confirmación de la enfermedad determinará su declaración oficial, adoptándose o prorrogándose las medidas anteriormente enumeradas, ordenándose además las siguientes: sacrificio inmediato, y bajo control oficial, de todos los cerdos de la explotación, a fin de evitar el riesgo de dispersión del virus tanto durante el transporte como en el momento de sacrificarlos (esta medida puede ser objeto de indemnización); destrucción de los cerdos muertos en la explotación; destrucción de las carnes de los cerdos sacrificados, a poder ser de todos tras la probable introducción de la enfermedad; sometimiento a tratamiento, y bajo control del veterinario oficial, de toda materia, material o desperdicio con probabilidad de estar contaminado, así como de los piensos para animales; y limpieza y desinfección de los locales de alojamiento de los cerdos y de los vehículos utilizados para el transporte.

Además, se efectuará un examen epizootiológico y se establecerán zonas de protección y de vigilancia alrededor del foco con un radio mínimo de 3 kilómetros, así como una zona de vigilancia con un radio mínimo de 10 kilómetros. Se impone un límite de treinta días, desde la limpieza y desinfección, para la introducción de cerdos en la explotación, si bien deberá atenderse al tipo de cría aplicado.

La autoridad competente podrá extender las medidas descritas a otras explotaciones cuyos cerdos hayan podido contraer la infección como consecuencia de su localización o su contacto directo o indirecto con la explotación infectada. Las Comunidades Autónomas tienen la obligación de informar sobre la epizootología y la evolución de la enfermedad al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y éste la de comunicar dichos datos al resto de los Estados miembros y a la Comisión de las Comunidades Europeas.


El control de productos derivados


En relación a las medidas y controles que deben realizarse sobre la carne de los animales de la explotación porcina se establecen algunas diferencias. En la fase de sospecha de la enfermedad, y si la misma no ha sido confirmada dentro de un plazo de quince días, aunque se permite la salida de animales para el sacrificio, las carnes procedentes de dichos animales no podrán destinarse a intercambios intracomunitarios como “carnes frescas”. No hay más limitación.

En caso de confirmación de la enfermedad, además de la destrucción de todos los animales, deberán destruirse las carnes de los animales sacrificados desde la fecha que se considere como probable la introducción de la enfermedad. En el caso de que la explotación haya sido sometida a vigilancia oficial, la autoridad competente podrá autorizar la salida de la explotación de cerdos que no sean los que han motivado la aplicación de dichas medidas para transportarlos directamente a un matadero bajo control oficial para su inmediato sacrificio. Si se concede una autorización para transportar cerdos al matadero la autoridad competente adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que el traslado y el sacrificio de los animales cumplen las condiciones legalmente establecidas y que la carne procedente de dichos cerdos cumple lo instituido en relación a marcado y sometimiento a tratamiento térmico. El transporte de la carne desde el matadero hasta los establecimientos en los que se aplica el tratamiento térmico deberá realizarse de forma que se garantice el precintado.

En las zonas de protección y en las zonas de vigilancia no podrán sacarse cerdos de las explotaciones en los primeros 21 días (para la primera zona) o en 7 días (para la segunda), después de finalizadas las operaciones de limpieza y desinfección de la explotación infectada. El sacrificio se realizará en lugares separados de los que ocupen otros cerdos, y el material y vehículos deberán ser limpiados y desinfectados directamente. Las carnes frescas de estos animales serán marcadas según la normativa sobre condiciones sanitarias de producción y comercialización de carnes frescas, así como con dos trazos perpendiculares en forma de cruz oblicua que atraviesen el sello, permitiendo su lectura. Posteriormente deberá ser sometida a tratamiento térmico, como se ha indicado anteriormente.

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