La propuesta de la Comisión Europea (CE) de un etiquetado nutricional obligatorio en los alimentos envasados, en el que figure de manera clara el contenido energético, las grasas, los ácidos grasos saturados, los carbohidratos, los azúcares y la sal, recibió ayer el apoyo del pleno del Parlamento Europeo. La legislación europea cuenta con numerosos reglamentos y directivas sobre las etiquetas y los valores nutricionales de los alimentos, por lo que el modelo que se baraja pretende simplificar y actualizar la normativa vigente.
La Eurocámara propuso también incluir en esa lista las proteínas, la fibra y las grasas trans, además de obligar a la industria a indicar el contenido de nanomateriales en los ingredientes de los alimentos. Sin embargo, los eurodiputados rechazaron crear etiquetas «semáforo» con indicaciones sobre la sal, el azúcar y las grasas que tiene la comida preparada. Para que los consumidores puedan comparar el aporte nutricional de los distintos alimentos, el Parlamento Europeo planteó que sea obligatorio declarar los valores nutricionales por cada 100 g o 100 mililitros y, en casos específicos, permitir indicaciones complementarias sobre porciones de otros tamaños. Propuso también facilitar la lectura de las etiquetas mediante la ampliación del tamaño de la letra o del contraste entre el texto y el fondo.
El pleno rechazó la posición de la comisión de Medio Ambiente que exigía indicar el país de origen para toda la carne, los productos avícolas, las frutas, las verduras y otros productos perecederos de ingrediente único, así como el pescado y la carne cuando se utilicen como ingredientes en comida procesada. Además, la Eurocámara sugirió excluir todas las bebidas alcohólicas, y no sólo el vino, la cerveza y las bebidas espirituosas, de la obligación de etiquetado nutricional y se negó a obligar a los productores a informar sobre el contenido energético de las bebidas alcohólicas.
Como no se prevé que los Estados miembros consigan alcanzar un acuerdo en breve, la directiva volvería al Parlamento para una segunda lectura y, una vez aprobada, las empresas alimentarias tendrían tres años para adaptarse a las nuevas normas. Las compañías con menos de 100 empleados y un volumen de negocios anual inferior a cinco millones de euros dispondrán de cinco años. Los eurodiputados pidieron a este respecto que las microempresas que fabrican alimentos artesanales queden excluidas de la directiva.
