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La peste porcina clásica a juicio

La primera sentencia dictada en España por la peste porcina absuelve a los acusados a pesar de las irregularidades detectadas en el control animal

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El pasado 18 de abril de 2006 se dictó la primera sentencia en España por la propagación de la peste porcina clásica declarada en 2001, a la que ha tenido acceso Consumaseguridad.com. La resolución judicial, dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Lleida, absuelve a quienes fueron los presuntos culpables de la enfermedad, dos ganaderos del sector porcino y los dos veterinarios que se cuidaban del control técnico de las explotaciones ganaderas por mandato de las empresas integradoras.

El fiscal, la Abogacía del Estado y el Letrado de la Generalitat de Cataluña habían pedido penas de cárcel, multa e inhabilitación, así como el pago al Estado y a la Generalitat de indemnizaciones que superaban los nueve millones de euros, con responsabilidad solidaria para todos ellos y subsidiaria para las dos empresas productoras de piensos e integradoras de sendas granjas porcinas. De la resolución judicial puede deducirse un posible mensaje para los que son responsables del control de ganado ante posibles acciones u omisiones que determinen la propagación de la peste porcina o de cualquier otra epizootia o enfermedad animal. La negligencia o descuido en sus obligaciones legales pueden ser constitutivas de un delito de daños por infección o contagio de ganado.

La sentencia considera como hechos probados que el día 17 de junio de 2001, el entonces Subdirector General de Ganadería de la Generalitat de Cataluña interpuso denuncia ante la comisaría de la policía autonómica catalana de Lleida, haciendo constar el surgimiento de un brote de peste porcina clásica en la citada provincia. Anteriormente, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno autonómico había confirmado el diagnóstico realizado por la Unidad de Anatomía Patológica de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde tras el análisis de las muestras recabadas a un cerdo procedente de una granja de la provincia, se había detectado la presencia del virus de la peste porcina clásica.

La declaración oficial del brote la realizó el Laboratorio Nacional de Referencia de Valdeolmos, en Madrid, el 14 de junio de 2001. El virus en cuestión afectó a varias granjas de la cabaña porcina de Lleida, varias de ellas integradas por distintas empresas, como las dos de piensos que tuvieron que comparecer como responsables subsidiarios en el procedimiento. A pesar de las acusaciones mantenidas durante el juicio por el fiscal, el Abogado del Estado y el Letrado de la Generalitat por los delitos de daños por infección o contagio de ganado, o alternativamente en su modalidad imprudente, el juez de lo penal considera que no ha quedado acreditado que los ganaderos acusados supieran de la existencia del brote de peste porcina antes de su declaración oficial. Tampoco que se pudiera haber advertido la presencia del virus en las granjas adscritas a estas integradoras por sus veterinarios a través de la actuación profesional para anticipar su comunicación a las autoridades administrativas.

No hay delito

A pesar de que el 70% de los animales de una de las granjas con peste porcina carecía de una adecuada identificación, el juez atribuye la falta a irregularidades administrativasPara que el juez hubiera condenado a los acusados por la propagación de la peste porcina se tenían que haber cumplido requisitos esenciales. En su modalidad intencionada, el juez considera que no ha quedado acreditado que los acusados tuvieran el designio de querer directa y exclusivamente y de modo concreto causar un daño, ni que fueran conscientes que con su actuación pudieran producirlos a través de la difusión por cualquier medio de infección o contagio de ganado. Las acusaciones del caso imputaban responsabilidad penal por la falta de comunicación a las autoridades de la existencia de la enfermedad en las explotaciones ganaderas de las que eran titulares, pues consideraban que tenían conocimiento de la presencia del virus o conciencia de una alta probabilidad de su aparición.

La acusación, según la sentencia, se mantenía fundamentalmente con pruebas de indicios que afectaban de forma sustancial a la relación de integración entre una empresa de piensos, al propietario de la granja de cerdos, y al veterinario de la misma, y que se centraron en aspectos como el origen de los animales de las granjas integradas por los acusados, el elevado número de enterramiento de animales en una de las granjas, la salida de determinadas partidas de animales con destino a matadero con un peso muy inferior al estipulado como estándar, las irregularidades en los libros de la explotación y en la identificación de los animales y la ilegalidad de los contratos de integración suscritos entre las partes.

El juez, tras un detallado análisis de estos indicios, concluye que no pueden conformar una imputación por delito doloso de daños. Además, añade que algunos no son aplicables en virtud de la legislación correspondiente al tiempo de los hechos, que otros han quedado desvirtuados tras la actividad probatoria y que los que han resultado acreditados son irregularidades producto de la falta de un adecuado control administrativo en las diversas fases de la cadena productiva de engorde de ganado. En este sentido, considera que muchas de las irregularidades detectadas no son siquiera atribuibles a los acusados, sino a cada uno de los agentes intervinientes en dicho proceso de engorde, en especial las derivadas de los transportes y de la falta de una adecuada cumplimentación de los libros de las explotaciones.

Irregularidades

La sentencia analiza todos y cada uno de los indicios presentados a juicio por el fiscal y las acusaciones, basados en los datos recogidos en los diferentes informes elaborados por la Guardia Civil y la policía autonómica. En uno de estos informes, elaborado por la Guardia Civil, se da cuenta de las importantes irregularidades administrativas en que se hallaban inmersos algunos de los transportistas, concretamente los que procedieron a verificar el transporte para alguna de las granjas que presuntamente fueron el foco de la difusión de la peste porcina. Queda acreditado que el transporte no se realizó de manera continuada hasta la granja de destino, sino que se realizó en dos fases: una de recogida, y otra de lavado de camiones y posterior trasvase.

Además, la investigación policial pudo verificar que el centro donde se había producido el lavado del camión y el posterior trasvase no estaba siquiera legalizado. También fueron analizados judicialmente otros hechos, como el elevado número de enterramientos de animales en una de las granjas y la salida de animales con destino a matadero, dando cuenta la sentencia de las declaraciones policiales y de sus matizaciones en el juicio por parte de los diferentes testigos presentados. Algunos declararon ante la policía que habían visto salir a uno de los granjeros con un remolque lleno de bajas tapadas por un toldo, pero ante el juez manifestaron contrariamente que habían visto a éste dentro de la granja y no en el exterior. A fin de exculpar a los acusados, la resolución judicial recoge las manifestaciones de los granjeros que acudieron al juicio como testigos, que apuntaron la obligatoriedad en aquella época de la existencia en cada granja de una fosa para el enterramiento de cadáveres, dando por supuesto que las que estaban bajo sospecha también las tenían.

El otro de los fundamentos aportados por las diferentes acusaciones el día del juicio consiste en la sospechosa salida de animales con destino a matadero de determinadas granjas con un peso muy inferior al estipulado como normal, habitual o estándar. Este argumento se ha utilizado para demostrar que la acción se producía con el conocimiento del desarrollo de la enfermedad, y con la clara intención de evitar la declaración de peste porcina y sus consecuencias económicas para sus presuntos autores, pero no ha tenido éxito. En este caso, y a pesar de que el juez ha dispuesto de diferentes informes sobre comparativas de sacrificios medios diarios de todas las integradoras y ha podido verificar que en algunos casos presentaban un peso sustancialmente inferior al idóneo, algunas partidas no sospechosas habían presentado animales a sacrificio con similares pesos.

Sin embargo, las más notorias e importantes deficiencias se detectan en la llevanza de los libros de la explotación y la identificación de los animales. Del contenido de los diferentes expedientes administrativos abiertos por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat de Cataluña podían advertirse importantes deficiencias. Así, pudo comprobarse que en una de las granjas aproximadamente el 70% de los animales carecían de una adecuada identificación y, en otro, los animales carecían de toda documentación sanitaria, habiendo aparecido cerdos procedentes de otras granjas mediante traslados ilegales. Sin embargo, el juez considera que tales «manifiestas deficiencias, aún siendo importantes y notorias, en cualquier caso no pueden estimarse privativas de las granjas integradas por los acusados (...)» ya que el examen del resto de los expedientes administrativos abiertos revela la habitualidad de este tipo de infracciones y la falta de un adecuado control de esta materia por parte de la Administración.

ANÁLISIS JURÍDICO DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL

La sentencia judicial entra, con el fin de dilucidar responsabilidades, por indicación de las acusaciones, en la interpretación del artículo 108 del Reglamento de la Ley de Epizootías de 4 de febrero de 1955, según el cual «la presentación de una enfermedad, simultáneamente y sin causa conocida, en diversos animales de una explotación será considerada siempre sospechosa de que se trata de una epizootia y deberá comunicarse seguidamente a la autoridad local». La finalidad de esta medida es dilucidar si la omisión de la comunicación por parte de los acusados les hacía acreedores de la imputación de un delito de daños, por la posición de garante que les asiste.

En este sentido, analiza la actuación de ambos veterinarios de las empresas integradoras y concluye que éstos desarrollaron una actividad acorde a su deber profesional en aras a la investigación de los padecimientos sufridos por las partidas afectadas. Esta conclusión parte de los siguientes elementos: la confirmación de las múltiples visitas a las explotaciones afectadas y la existencia de tratamientos indicados a través de la aportación de las recetas; la consulta efectuada a otros profesionales del ramo para confirmar el diagnóstico por ellos establecido; y por la ratificación que tuvieron del diagnóstico elaborado con las analíticas efectuadas en laboratorio. La sentencia concluye que no ha quedado acreditado que la actuación profesional de los veterinarios acusados viniera motivada por un absoluto desconocimiento de la situación clínica que se estaba desarrollando en las granjas por ellos inspeccionadas, pudiendo, todo lo más, obedecer su actuación a un diagnóstico erróneo.

En cuanto a la posibilidad de detección de la enfermedad, al juez le ha quedado claramente contrastada la extrema dificultad de su diagnóstico, especialmente por los veterinarios de campo, dadas las peculiaridades características, que según se expone en la sentencia presentaba la cepa del año 2001, la levedad de sus síntomas y la posibilidad de confusión con otras patologías concurrentes en aquella época. En este sentido, considera que el hecho ya ha tenido un reflejo legal posterior a través de la Decisión de la Unión Europea de fecha 1 de febrero de 2002 por la que se aprobaba un manual de diagnóstico y criterios de evaluación de las pruebas de laboratorio con fines de confirmación de la peste porcina clásica. En esta Decisión se indica que «desde el punto de vista del diagnóstico se pueden dar reacciones cruzadas que pueden generar falsos resultados positivos en pruebas de laboratorio»; «que los síntomas clínicos pueden no manifestarse en una explotación hasta transcurridas entre dos y cuatro semanas desde la introducción del virus…, o incluso, más si se trata de cerdos reproductores adultos o cepas poco virulentas», y que «los signos clínicos de la peste porcina son extraordinariamente variables, por lo que puede confundirse con otras enfermedades», según recoge la propia sentencia del Capítulo II del Anexo de la citada Decisión.

Bibliografía

SENTENCIA
Sentencia número 151/2006, dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Lleida en fecha 18 de abril de 2006, en el procedimiento abreviado número 142/2004 dimanantes de las Diligencias Previas número 815/2001 del Juzgado de Instrucción número 3 de Lleida.

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