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Respuesta judicial al aceite de orujo

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El pasado 14 de junio de 2006 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJ de Andalucía) dictó una singular sentencia, a la que ha tenido acceso Consumaseguridad.com, respecto al caso del aceite de orujo. La resolución judicial analiza en profundidad las medidas excepcionales adoptadas por la administración sanitaria andaluza frente a una empresa orujera de Sevilla tras la controvertida alerta alimentaria, decretada en julio de 2001 por el Ministerio de Sanidad y Consumo. La sentencia las acaba de calificar de precipitadas y desproporcionadas.

Respuesta judicial al aceite de orujo

LOS JUECES CALIFICAN LAS MEDIDAS DE LA CRISIS DEL ORUJO DE ARBITRARIAS, POCO SERIAS Y PRECIPITADAS

Las autoridades sanitarias deben cumplimentar con requisitos concretos para retirar del mercado un alimento que cumple con las autorizaciones y controles legalmente exigidos. De lo contrario, pueden incurrir en importantes responsabilidades económicas por los daños y perjuicios que puedan ocasionar.

En el caso del aceite de orujo, los jueces que lo han resuelto han calificado las medidas adoptadas de arbitrarias, poco serias, precipitadas y carentes de justificación. La resolución judicial, que no es firme, condena a la Junta de Andalucía al pago de una fuerte indemnización por los daños y perjuicios sufridos por el operador económico (10.534.981,44 euros). En este caso, como en otro resuelto a principios de año, en el que también fue condenada la Junta de Andalucía, habrá que esperar a la resolución definitiva del Tribunal Supremo, tras la presentación por parte de aquella de recurso de casación.

Aunque ya son varias las resoluciones judiciales que se han dictado a favor de las orujeras, especialmente en Andalucía, no todos los tribunales de justicia del Estado comparten los mismos criterios en cuanto a la oportunidad, justificación y legalidad de la alerta alimentaria adoptada por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

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