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Apartamentos tutelados para mayores

Como complejos residenciales o edificios de viviendas, están pensados para personas autónomas a las que se ofrece servicios de atención médica y seguridad

Aproximadamente el 18% de la población española es mayor de 65 años, muchos con un grado suficiente de autonomía y que no requieren el ingreso en una residencia, pero sí cierta atención médica. Ante esta realidad, surgieron a principios de los años ochenta los apartamentos tutelados para mayores, viviendas de una plaza, dos o tres, que pueden adquirirse (generalmente a través de la oferta privada) o bien alquilarse (en su mayoría, de gestión pública). Una vez que se alquilan, los usuarios deben abonar una cuota mensual que incluya determinados servicios de limpieza, seguridad y atención médica. Los requisitos para acceder a uno de estos apartamentos son, entre otros, carecer de alojamiento estable o estar en situación de riesgo que impida a una persona vivir sola.

Cómo acceder a un apartamento tutelado

La oferta de apartamentos tutelados constituye todavía un mercado incipiente en España. Su desarrollo no está recogido en una normativa nacional, sino que está en manos de cada comunidad autónoma. En este sentido, son pocas las provincias que cuentan con unos criterios unificados. Madrid y País Vasco son dos de las zonas en las que existe un decreto específico para la regulación de los apartamentos tutelados. En concreto, la normativa vasca sobre Servicios Residenciales para la Tercera Edad está centrada fundamentalmente en la regulación de estos pisos para personas mayores de 60 años (la mayoría de comunidades autónomas fijan la edad mínima en 65 años) e impide que la compra y venta de estos pisos, para garantizar que «durante toda su vida útil cumplan el servicio para el que fueron diseñados y construidos». Esta normativa establece como requisitos para acceder a un apartamento tutelado que las personas usuarias no precisen recursos de alta intensidad y que sean capaces, por si mismas, de realizar las actividades cotidianas del día a día. Asimismo, en general, se estima necesario que las personas interesadas en residir en uno de estos apartamentos:

  • No padezcan enfermedades infecto-contagiosas ni cualquier otra que requiera atención permanente y continuada en centro hospitalario.
  • Sean autónomas en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.
  • Carezcan de alojamiento estable o éste sea inadecuado y no susceptible de reforma.
  • Se encuentren en situación de riesgo por vivir solas.

Si se cumplen estos requisitos, el siguiente paso es presentar una solicitud en los centros de servicios sociales municipales o en el Registro de la Consejería de Servicios Sociales, según lo establecido por cada comunidad autónoma. Las solicitudes pueden presentarse de forma individual o por dos personas, si se tiene pareja, y deben ir acompañadas de la documentación requerida por cada organismo, que suele incluir un certificado de empadronamiento, una declaración de ingresos y bienes, una declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), un certificado de las pensiones percibidas y un informe médico. Posteriormente, las solicitudes son examinadas por los servicios sociales, que emiten un dictamen sobre la idoneidad del candidato o candidata, de acuerdo a su autonomía personal y capacidad de convivencia, situación familiar, económica y de vivienda, edad y otras circunstancias que se consideren importantes para tomar una decisión y emitir la resolución. Son causas de desestimación de las solicitudes el hecho de no reunir los requisitos establecidos, no ser los pisos tutelados el recurso idóneo para las necesidades de quien presenta la solicitud y la ocultación o falsedad en los documentos o declaraciones aportados.

Una vez que se ha adjudicado la plaza en un apartamento tutelado (no el apartamento en sí), el beneficiario o beneficiaria tiene derecho a recibir determinados servicios y cuenta con un período de adaptación, generalmente, de un mes. Transcurrido este tiempo, la persona interesada puede renunciar a la plaza si lo considera oportuno o, en el caso de que esta renuncia no se produzca, consolida su derecho a la plaza adjudicada. En este sentido, hay que tener en cuenta que esta plaza también puede perderse si se produce una ausencia injustificada del centro por un tiempo prolongado, si se descubre la ocultación o falsedad en los documentos o datos aportados, o si se dejan de reunir los requisitos que permitieron acceder a esa plaza.

Gestión en manos privadas

La escasa regulación existente en España sobre apartamentos tutelados supone, en la práctica, que la mayoría de estos pisos están gestionados por empresas privadas. Jesús Páez Narváez considera que esta circunstancia ha derivado en el fomento de una oferta de urbanizaciones residenciales para mayores, «en donde se impulsa el aspecto de atención social, con un hábitat más o menos lujoso, que busca vender un piso sin pensar en las personas que realmente necesitan este servicio, sino en aquellas otras que tienen medios importantes para valerse y medios económicos suficientes». A su juicio, la oferta actual privada tiene un concepto diferente al que se demanda, puesto que una persona con una pensión de viudedad ‘normal’ no podría llegar a permitirse la compra de uno de estos apartamentos. Como otras voces, Páez Narváez reclama más atención por parte de la Administración Pública, a la que anima a realizar proyectos «desde los Servicios Sociales y no dentro de los programas de vivienda». «Sorpresivamente -añade- en la Ley de Dependencia, cuando se habla del catálogo de servicios, no se recogen los apartamentos tutelados como tal, con lo que la regulación de estos apartamentos queda al albedrío de las comunidades autónomas, que son las que tienen competencia en esta materia. Nos parece una omisión muy importante y grave, porque se podía haber aprovechado la Ley para regular esta figura de manera general».

En esta línea, Jon San Julián reconoce que si no conceden ayudas públicas resulta más difícil el acceso a un apartamento tutelado «porque es complicado que una persona venda su casa para meterse en otra, sobre todo mientras se encuentre bien. Sólo cuando hay cierto grado de soledad o inseguridad, más que de dependencia, se suele optar por un recurso de este tipo». «Desarrollaremos más apartamentos si se financian públicamente y se estimula este producto porque, por el momento, ni nosotros ni la gran mayoría de empresas del sector acaban de tener un nivel alto de ocupación», advierte. Por el contrario, Isidoro Ruiperéz defiende que la prioridad de las administraciones es, «y debe ser», la asistencia a personas dependientes, que son quienes menos se pueden beneficiar de estos apartamentos y quienes más necesidades tienen, por lo que cree «lógico» que se dé prioridad a este colectivo frente a las personas autónomas, que no tienen una dependencia tan severa y no son una prioridad para el dinero público.

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