El Gobierno regulará el voluntariado solidario en zonas de riesgo y conflicto, «un ámbito en el que existe un vacío legal que es preciso rellenar», según indicó ayer la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación considera que no se deben realizar caravanas solidarias en lugares de conflicto o donde haya amenazas de secuestros, para evitar que los cooperantes se enfrenten a cualquier situación de peligro.
El Gobierno regulará el voluntariado solidario en zonas de riesgo y conflicto, «un ámbito en el que existe un vacío legal que es preciso rellenar», según indicó ayer la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación considera que no se deben realizar caravanas solidarias en lugares de conflicto o donde haya amenazas de secuestros, para evitar que los cooperantes se enfrenten a cualquier situación de peligro.
Durante la presentación de la Semana de la Cooperación, Rodríguez dio a conocer diversas acciones de sensibilización sobre la labor que realizan miles de personas en todo el mundo. La secretaria de Estado de Cooperación insistió en su interés por conseguir la regulación del estatuto del cooperante y la seguridad de los trabajadores humanitarios con el fin de evitar poner en riesgo la vida y la integridad de las personas que realizan el voluntariado. Reconoció su labor y sus necesidades, y explicó que el nuevo reto será legislar el trabajo de multitud de ONG españolas vinculadas a ayuntamientos y comunidades autónomas.
Por su parte, el presidente de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España (CONGDE), Eduardo Sánchez, desaconsejó las caravanas solidarias porque, a su juicio, «hay mejores formas de ayudar a una población con problemas», como contar con el apoyo de las organizaciones locales de cada país. Por ello, animó a los ciudadanos a pensar cómo ayudar para que no se haga «de una forma impulsiva, sino de una forma meditada?.
Respecto a la aplicación de mecanismos innovadores de financiación al desarrollo, Rodríguez recordó que esta propuesta requeriría un acuerdo político global y que algunos estados como España defienden «de manera contundente». La solución, en su opinión, consiste en fijar una imposición sobre transacciones financieras en divisas de grandes monedas, una tasa del 0,005 que podría ampliarse en el futuro y que supondría en torno a 30.000 ó 40.000 millones de dólares anuales destinados al desarrollo.
