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El Estado destinará cerca de 13.000 millones de euros a la atención de las personas dependientes

Los usuarios aportarán al Sistema Nacional de Dependencia entre un 30% y un 35% de su coste total en 2015

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: jueves 5 enero de 2006
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales envió ayer a comunidades autónomas y partidos políticos el texto del anteproyecto de ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, acompañado de su respectiva memoria económica. Se calcula que el Estado invertirá en servicios y prestaciones para las personas que no pueden valerse por sí mismas 12.638 millones de euros. Una cantidad que se cargará a los Presupuestos Generales del Estado, sin "tocar" el superávit de la Seguridad Social ni los impuestos, según el ministro Jesús Caldera.

La propuesta que realiza el Ejecutivo para la financiación del Sistema Nacional de Dependencia contempla que también las autonomías inviertan la misma cantidad. Su participación se determinará durante los primeros ocho años mediante convenios con la Administración General del Estado, en los que también se establecerá la progresiva implantación de los servicios. "Si las comunidades hacen una aportación similar como propone el Estado, y es lo razonable, se cubrirá a todas las personas", asegura Caldera. Al final de ese proceso, cuando en 2015 la red se encuentre a pleno rendimiento, supondrá un coste de más de 9.000 millones de euros anuales (el 1% del PIB).

En 2015, el Estado abonará 2.212 millones de euros para la asistencia a personas dependientes y las autonomías la misma cantidad (entre ambos, unos 4.500 millones). A ello hay que añadir los más de 2.300 millones anuales que hoy día destinan las administraciones públicas a servicios sociales que están ya en activo y que ya se cuenta con ellos. El resto correrá a cargo del usuario. Caldera calcula que en un principio los beneficiarios no pagarán más del 30% ó 35% del coste total de la red, pero ese porcentaje irá aumentando a lo largo de los años. Las aportaciones que los usuarios realizarán de forma individual se fijarán en función de su renta y patrimonio.

Las aportaciones realizadas por el Estado "garantizarán la financiación del contenido básico del derecho" que tienen las personas dependientes a ser atendidas, es decir, servirán para asegurar que tienen acceso a toda una red de prestaciones y servicios con independencia de donde residan.

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