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El Gobierno aprueba la Estrategia Nacional para la Inclusión Social 2006-2008

El objetivo es agrupar las actuaciones de las administraciones públicas y ONG en la lucha contra la exclusión social

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: sábado 14 octubre de 2006
El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Nacional para la Protección e Inclusión Social 2006-2008, que aglutina las actuaciones de las administraciones públicas y ONG en la lucha contra la exclusión social, y que será remitida a la Comisión Europea.

La estrategia, propuesta por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, tiene como objetivo principal la adecuación del crecimiento económico con el bienestar social, en una perspectiva de equidad territorial, asegurando la reducción de las desigualdades y previniendo la aparición o el incremento de nuevas personas o grupos excluidos socialmente, y como ejes fundamentales la subida del salario mínimo y de las pensiones más bajas, el crecimiento del empleo en sectores de difícil empleabilidad y la puesta en marcha del Sistema de Dependencia.

El plan ha sido elaborado con la participación de todos los agentes implicados en la lucha contra la exclusión social (ministerios, comunidades autónomas, FEMP, CES, ONG y agentes sociales), a través de los órganos de participación establecidos al respecto en el marco de la estrategia europea para la inclusión social y se ha estructurado en torno a los objetivos comunes previamente establecidos para los Estados miembros de la Unión Europea.

Concretamente, los cinco objetivos prioritarios de la estrategia, establecidos en función del diagnóstico del contexto de la situación económica y social española, teniendo en cuenta además las recomendaciones del Informe Conjunto Europeo sobre Inclusión Social, pasan por fomentar el acceso al empleo, promover la participación en el mercado laboral y luchar contra la pobreza y la exclusión social, garantizar recursos económicos mínimos, alcanzar una educación con equidad, apoyar la integración social de los inmigrantes y garantizar la atención a las personas en situación de dependencia.

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