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Empleo para las personas discapacitadas

Unas 2.000 personas discapacitadas se beneficiarán cada año de los convenios para acceder al mercado laboral ordinario con la ayuda de un preparador

El empleo con apoyo existe en España desde hace, aproximadamente, quince años. Sin embargo, no fue hasta el pasado mes de junio cuando se aprobó el Real Decreto que regula esta modalidad. Las asociaciones de personas discapacitadas han aplaudido que por fin exista una norma sobre este tipo de empleo, que permite su inserción en el mercado ordinario, pero además han agradecido el reconocimiento a una labor que desempeñan desde 1992. Se calcula que en la actualidad siete de cada diez personas discapacitadas en edad de trabajar y dispuestas a ello están en paro. La nueva normativa prevé remontar esta situación y que unas 2.000 personas al año, en su mayoría con discapacidad severa, se beneficien de las subvenciones y convenios de inserción laboral que recoge. También se regula por primera vez la labor del preparador laboral, una figura clave que se encarga de la formación de los trabajadores y su adaptación al puesto, así como de las tareas posteriores de seguimiento.

Personas beneficiarias

En la actualidad, existen en España más de tres millones y medio de personas discapacitadas. De ellas, según datos de la Fundación ONCE, casi siete de cada diez en edad de trabajar, y capacitadas para ello, se encuentran en paro. Las estimaciones del Servicio Público de Empleo Estatal calculan que la nueva norma beneficiará cada año a 2.000 personas que presentan, en su mayoría, una discapacidad severa. Por su parte, desde la Confederación de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), aplauden que la normativa afecte también a estas personas y quienes tienen una discapacidad auditiva superior al 33%, ya que consideran que el empleo con apoyo “constituye una de las medidas más importantes para la inserción de personas con discapacidad en el mercado de trabajo”. En total, para lograr estos objetivos, el presupuesto inicial prevé una inversión de 7.540.000 euros anuales, que se destinarán a subvencionar los costes laborales y de seguridad social que hasta ahora afrontaban muchas asociaciones.

Los trabajadores procedentes de centros especiales de empleo podrán pasar a una situación de excedencia voluntaria

Otra de las novedades que contempla el Real Decreto es la posibilidad de pasar a una situación de excedencia voluntaria cuando el trabajador o trabajadora contratada en el mercado ordinario proceda de un centro especial de empleo. De esta manera, se asegura la reserva de un puesto de trabajo. Para Miguel Urra, resulta “muy positivo” que se recoja esta medida, si bien lamenta que pueda estar relacionada con la excesiva temporalidad de algunos contratos en el mercado libre. “Suelen tener una duración entre seis meses y un año, una circunstancia que, en algunos casos, supone la única forma de acceder a una empresa y la posibilidad de continuar en ella, pero que en otros se limita a crear currículo”, señala. Incluso el Real Decreto especifica que los proyectos que se realicen dentro de esta norma “tendrán una duración entre seis meses y un año, prorrogable hasta otro año más”. En el caso de personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado de minusvalía igual o superior al 33%, el plazo máximo es de dos años, con posibilidad de ampliarse hasta seis meses más.

El trabajo es una de las vías más importantes para lograr la integración social de las personas discapacitadas. Según la Confederación Autismo España, que cuenta con una Guía de Empleo con Apoyo para Personas con Autismo, los beneficios de esta modalidad son tanto para la persona beneficiaria (mayor autoestima, desarrollo personal, calidad de vida), como para las empresas (ventajas fiscales, compromiso solidario) y la sociedad, a la que permite su participación en el desarrollo social. Precisamente, suelen ser estos dos últimos grupos, empresa y sociedad, los más reticentes a respaldar el empleo con apoyo. Sobre todo la familia y el entorno de la persona discapacitada temen que ésta no responda a la tarea para la que se le contrata y prefiere un empleo protegido, mientras que dos de cada tres empresas incumple la Ley 13/82 de Integración Social del Minusválido (LISMI). Todavía durante los años 2005 y 2006, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social impuso sanciones por un total de 830.358 euros a empresas que no reservaron la cuota mínima de empleo para personas con discapacidad.

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