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España adapta su legislación a la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad

Nuestro país es el primero que traslada a su legislación el contenido de este documento

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: martes 7 diciembre de 2010
El Ejecutivo central aprobó el 3 de diciembre el proyecto de ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. España fue uno de los primeros países en ratificar esta Convención y la primera nación en remitir a la ONU su informe sobre el grado de cumplimiento de este documento. Con la aprobación del proyecto ley, muestro país se convirtió también en el primer estado que traslada a su legislación el contenido de la Convención, destacó el Gobierno.

Las modificaciones recogidas en el proyecto de ley afectan a diversas materias, como empleo, sanidad, infraestructuras, protección civil o cooperación internacional. Con respecto al empleo, se revisa la normativa sobre el acceso al empleo público y se aumenta el cupo de reserva para las personas con discapacidad a un mínimo del 7%. También se crea por vez primera con rango legal una cuota específica, dentro de la genérica, para personas con discapacidad intelectual. Así, al menos el 2% de las plazas ofertadas serán cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto se destinarán a personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

Además, se establece que en el plazo de un año el Ejecutivo promoverá medidas para asegurar el cumplimiento de la reserva del 2% de los puestos de trabajo para personas con discapacidad en las empresas de más de 50 trabajadores, y para establecer condiciones para la ejecución de los contratos del sector público relacionadas con el porcentaje de empleo de personas con discapacidad.

Definición de "persona con discapacidad"

Por otra parte, se actualiza la definición legal de "persona con discapacidad" a la contenida en la Convención. Se considera que son personas con discapacidad quienes padecen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

Se modifica también el régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. En el supuesto de comisión de una infracción muy grave por las instituciones que presten servicios sociales esto podría conllevar la inhabilitación para el ejercicio de estas actividades, recoge el proyecto de ley.

De igual modo, se reforman diversas leyes para que una persona con discapacidad pueda tomar por sí misma decisiones en procesos sanitarios, como trasplantes. También se incluye la discapacidad como causa de no discriminación en su relación con las administraciones públicas sanitarias. Además, las personas con discapacidad deben recibir la información sobre los servicios y requisitos para su uso en formatos accesibles y comprensibles.

Se prohíbe la discriminación por discapacidad en la contratación de seguros, de forma que no se podrá denegar el seguro a las personas con discapacidad por este motivo, ni se les podrán imponer condiciones más gravosas que al resto de la población.

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