España es el principal exportador de munición al África subsahariana, con unas ventas por valor de 1,2 millones de euros, casi el doble que Francia (670.000) y el triple que EE.UU. (435.000), según denuncia el informe «Municiones: el combustible de los conflictos», que ha presentado hoy Intermón Oxfam.
Esta ONG advierte de que no se conoce el destino del 83% de los 38 millones de piezas que se fabrican en el mundo cada día (14.000 millones al año) y reclama unas normas globales que obliguen a los Estados a marcar de forma significativa la munición y a ofrecer información completa de las transferencias de ese material.
El valor medio anual de las exportaciones españolas de municiones es de 8,7 millones de euros, por delante de potencias como el Reino Unido, aunque muy por debajo del principal exportador mundial, EE.UU., que vende cada año fuera de sus fronteras material por valor de 110 millones de euros, indica que el informe.
El problema de este negocio es, a su juicio, la falta de información por parte de los gobiernos, que hace que se desconozca con exactitud adónde van a parar cada año más de 10.000 millones de balas, misiles y otro tipo de munición. «Los controles sobre las transferencias de armas ligeras son débiles, pero aún lo son más las que existen sobre las municiones, a pesar del papel tan importante que juegan a la hora de alimentar los conflictos», denuncia Ricardo Magán, responsable de la campaña «Armas Bajo Control» de la organización.
Reunión en Nueva York
Dentro de diez días todos los gobiernos del mundo se reúnen en Nueva York en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Armas Ligeras, donde se deberían adoptar criterios comunes para controlar las transferencias de armamento. Magán recuerda que el Ejecutivo español ha dado muestras de querer estar entre los países impulsores de este mayor control internacional y «tendrá una oportunidad de oro de hacerlo en esa reunión».
Intermón Oxfam pide que se acuerde la prohibición expresa de las transferencias de armamento a países sometidos a embargos internacionales de armas, que estén en conflicto o que violen los derechos humanos o el derecho internacional humanitario.
