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Las comunidades se harán cargo de la tutela de al menos 500 inmigrantes menores de edad hacinados en Canarias

Estos jóvenes no pueden ser repatriados por la imposibilidad de localizar a sus familias o porque éstas los rechazan

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  • Fecha de publicación: martes 19 septiembre de 2006
Las comunidades autónomas expresaron ayer ante el Consejo Superior de Políticas de Inmigración su disposición a hacerse cargo de la tutela de 500 inmigrantes menores de edad que viven hacinados en centros de acogida de Canarias. Se trata de jóvenes de entre 13 y 17 años, la mayoría procedentes de Senegal, Malí y Guinea Bissau, que no pueden ser repatriados por la imposibilidad de localizar a sus familias o porque éstas los rechazan.

La reunión estuvo presidida por el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, y congregó a representantes de nueve departamentos del Gobierno central, consejeros y técnicos de gobiernos autonómicos y delegados de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Durante cuatro horas, debatieron sobre cómo mejorar la situación de centenares de menores inmigrantes que precisan protección de acuerdo con la legislación española, y que el Gobierno quiere repartir por la Península para aliviar la presión que sufre el archipiélago canario.

Centenares de menores inmigrantes precisan protección de acuerdo con la legislación española

Caldera explicó tras el encuentro que Canarias está "desbordada". Por eso, los gobiernos central e insular plantearon "una propuesta para trasladar a los que no pueden ser adecuadamente atendidos allí al resto de la Península". El Gobierno canario tiene unas 250 plazas para menores en sus centros, en los que hoy hay amontonados más de 800. Pide por ello que el resto de España se haga cargo de 500, para aliviar su situación.

A partir de hoy, técnicos de la Secretaría de Estado de Inmigración empezarán a reunirse con funcionarios de las comunidades. Cada una indicará el número de plazas tutelares, y si dispone de otras que puedan asumir ONG o instituciones especializadas, que recibirían financiación directa de la Administración central.

Reticencias

Algunas comunidades ya dejaron ver sus reservas tras la reunión. Asturias dijo estar dispuesta a acoger a "entre 10 y 14" de los 500 niños que es necesario repartir. Galicia dijo que será solidaria y que se hará cargo de "alguno". Andalucía directamente se negó a esta posibilidad ante la saturación de sus centros y otras dijeron que estudiarían la situación.

Las comunidades que más exigieron concreción en cuanto a los términos económicos fueron Valencia, Baleares y Castilla León, La Rioja, Madrid y Murcia. La Comunidad de Madrid advirtió que tiene tutelados 1.900 menores extranjeros, más del doble, según sus autoridades, de lo que tiene Canarias, y soporta un coste medio individual de atención de 112 euros por día.

Aunque los términos del acogimiento serán detallados con cada región, el Gobierno ha fijado un protocolo a través del cual los menores deberán someterse a una reseña policial, a la realización de las pruebas que determine su edad, a un informe social de él y de su familia y la documentación administrativa relativa a la tutela y guarda.

Mientras se llega a un acuerdo, los hechos hablan por sí solos de la situación que están viviendo los menores extranjeros. Un informe del Sindicato Unificado de Policía denuncia que la semana pasada tres menores que se encontraban en la Comisaría Sur de Tenerife tuvieron que ser atendidos por asfixia y fueron evacuados por el Servicio Canario de Salud.

Según el sindicato policial, en los calabozos de esta comisaría, que carecen de ventilación, se encuentran más de 40 menores que tienen que convivir con 140 inmigrantes mayores de edad además de los presuntos delincuentes que detienen los agentes en su demarcación.

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