Una coalición de 19 ONG españolas y Amnistía Internacional han presentado dos informes ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la ONU en los que se advierte de que los recortes de derechos sociales impulsados por el Gobierno español podrían vulnerar compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Además, las organizaciones humanitarias ofrecen algunas recomendaciones orientadas a superar la actual situación de crisis económica sin incumplir los compromisos en materia de derechos humanos.
La presentación de los informes coincide con la comparecencia del Estado español ante el DESC, un comité encargado de supervisar la situación de los derechos económicos, sociales y culturales (vivienda adecuada, salud, trabajo digno, educación de calidad, entre otros) reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, ratificado por España en 1977.
Cada año, diversos países acuden ante este comité a rendir cuentas sobre el cumplimiento de las obligaciones del PIDESC y, este año, España está entre los estados examinados. Según las ONG, en el curso de este proceso de rendición de cuentas, el Gobierno español ha presentado un informe «en el que se limita a reproducir la normativa adoptada durante los últimos años».
Sin embargo, las organizaciones humanitarias españolas coinciden en asegurar que en el Estado español «los derechos económicos, sociales y culturales se encuentran gravemente amenazados». El director ejecutivo del Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), Ignacio Sáiz, afirma que «mientras la pobreza y la desigualdad están en aumento se recorta el gasto social, afectando así a derechos básicos como el de la educación, la salud y una vivienda adecuada».
Las ONG están preocupadas por las medidas «regresivas y discriminatorias» tomadas en las últimas semanas por el Gobierno español y que afectan a derechos sociales. Insisten en que «es precisamente en la actual situación de crisis económica, cuando los gobiernos deben hacer el máximo esfuerzo posible para garantizar los derechos sociales básicos de quienes sufren el brutal impacto de la crisis y deben además, rendir cuentas sobre las medidas que están empleando, para garantizar estos derechos».
Los informes presentados por las ONG ante el Comité DESC señalan que el actual retroceso en materia de derechos sociales se corresponde «con su insuficiente reconocimiento en la Constitución (en donde se consagran como meros principios rectores, en lugar de como auténticos derechos fundamentales), y con un desarrollo legislativo claramente insuficiente de los mismos». «Ello hace que el acceso a un recurso judicial efectivo y a la reparación por las violaciones a estos derechos constituyan una asignatura pendiente», defienden.
La coalición de organizaciones que han elaborado uno de los informes presentados ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales son: Center for Economic and Social Rights (CESR), Observatorio DESC, Asociación Aspacia , Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Confederacion Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España, Creación Positiva, la Federación de Entidades de Apoyo a las Personas sin Hogar (FEPSH), la Fundación Secretariado Gitano, la Fundación Triángulo, Médicos del Mundo, Movimiento Cuarto Mundo España, la Plataforma Unitaria de Encuentro para la Democratización de la ONCE (PUEDO), Provivienda, Red Activas, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), la Red Española contra la Trata de Personas y Save the Children.
