Lengua de signos

El pasado 28 de junio el Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley por el que se reconoce y regula las lenguas de signos españolas (LSE) y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Decir el nombre completo es casi una obligación, ya que por primera vez se reconocen los derechos de un colectivo muy amplio (aproximadamente un millón de personas), que podría beneficiarse de la Ley antes de finales de año, probablemente en el mes de noviembre. Como principal novedad, esta norma pretende facilitar el acceso a la información y a la comunicación de las personas sordas. Para ello, tiene en cuenta la heterogeneidad y las necesidades específicas de cada grupo y reconoce a la Lengua de Signos Española (LSE) como lengua de las personas sordas que decidan utilizarla, pero también se compromete a facilitar el aprendizaje de la lengua oral. “Se cree que las personas sordas son también mudas, pero esto no es así. La mayor parte de las personas sordas hablan. De hecho, un 90% – 92% habla lengua oral y sólo el 8% – 10% habla por signos”, subraya la presidenta de la Confederación de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), Marí Luz Sanz.

En la Ley se establecen garantías legales para el acceso a la comunicación en ámbitos en los que ahora no siempre es posible, como educación, sanidad, ocio y formación; se equiparan las lenguas de signos española y catalana; y se obliga a que todos los mensajes institucionales sean “plenamente accesibles”, así como las informaciones de los poderes públicos, los partidos políticos y los agentes sociales que tengan carácter institucional y gratuito. También destaca como novedad la creación del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, que se encargará de “investigar, fomentar, difundir y velar” por el buen uso de la LSE, y el Centro Español de Subtitulado y la Audiodescripción, que ya se puso en marcha en febrero de 2006 y cuya finalidad es investigar, fomentar, promover iniciativas, coordinar actuaciones y extender la subtitulación y la audiodescripción.

Para la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), esta nueva Ley supone un “logro histórico”, ya que ayudará a romper las barreras que impiden el acceso a determinados ámbitos y es “un reconocimiento definitivo de la identidad bilingüe y bicultural de las personas sordas”. En este sentido, la norma es vista como una especie de plataforma para dar el salto a la participación plena en la vida social. Se considera una oportunidad para lograr la igualdad de derechos para todas las personas sordas. “Es una ley muy completa y específica. Los padres queremos la normalización para nuestros hijos y eso pasa por la igualdad e integración”, subraya Marí Luz Sanz.

También el presidente de la Coordinadora de Intérpretes y Guías Intérpretes de Lengua de Signos Española de la Comunidad Autónoma de Madrid (CILSEM), Jordi Ferré, considera que la nueva Ley es “un gran paso”, aunque asegura que se ha tardado mucho en darlo porque “las personas sordas llevaban más de 30 años pidiendo la oficialidad de su lengua”. Además, lamenta que se haya tenido en cuenta a las asociaciones e instituciones, pero no a los intérpretes, porque también realizan una función muy importante: servir de puente de comunicación entre la persona sorda y la persona oyente a quien se dirige.

En el Proyecto de Ley aprobado también se hace mención a las personas sordociegas, a las que se reconoce una “situación de especial dificultad”. Las personas afectadas por esta discapacidad presentan dos deficiencias sensoriales: visual y auditiva. Una situación muy complicada en la que la información, la comunicación y la movilidad resultan más difíciles aún si cabe. Se estima que en España hay alrededor de 6.000 personas sordociegas, según cálculos de la Asociación de Sordociegos de España (ASOCIDE), aunque la cifra podría ser mucho mayor. Para el presidente de la Asociación, Daniel Álvarez Reyes, hasta antes de la Ley estas personas han pasado desapercibidas para muchos ciudadanos y ciudadanas, “y todavía los habrá”, pero cree que ha sido muy importante que se contara con ellos para elaborar la norma y que les escucharan. “Con esta Ley vamos a dejar de ser, poco a poco, invisibles”, confía.

El 29 de noviembre de 2005 el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de Ley que reconoce la sordoceguera como una discapacidad única, que crea dificultades específicas, por lo que para Álvarez Reyes está muy claro que, sin ambos logros, seguirían siendo “los eternos desconocidos”. Con la nueva norma, se les reconocerán servicios especializados, métodos especiales de comunicación y personal debidamente formado. Además, se insta al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a realizar un estudio en el que se determine el número de personas con sordo ceguera, sus condiciones de vida y su ubicación geográfica, con el fin de determinar la creación de centros de referencia y recursos “más acordes” con sus necesidades.

Que se reconozca la situación de especial dificultad del colectivo de personas sordociegas refleja la necesidad específica de esta discapacidad. Si una persona ciega ya se enfrenta a multitud de dificultades, es difícil imaginar las que tiene que afrontar alguien que, además, no oye. “Una persona ciega puede recurrir al sentido de la audición para superar muchos problemas y una persona sorda aprende a usar la visión. Ahora bien, yo soy totalmente sordo y totalmente ciego ¿qué hago, cómo me comunico cuando voy por la calle, cómo puedo saber qué está pasando más allá del alcance de mis manos, de mi sentido del tacto?”, se pregunta.

Todas estas cuestiones hacen que la valoración del texto sea muy positiva, aunque, afirma Álvarez Reyes, “no hemos conseguido que incluyeran algunas enmiendas que presentamos en comparecencia ante la comisión correspondiente en el Congreso de los Diputados”. Por lo menos, aseguran que se ha conseguido una definición “más clara y general” de qué es la sordoceguera y la denominación del guía intérprete, “que es fundamental para conseguir nuestra independencia y superar las barreras de comunicación con los demás ciudadanos”. A pesar de todo, recalca que esta ley tendría que haber salido hace muchos años, porque la comunidad sorda lleva “mucho tiempo” luchando por este reconocimiento. “Para nosotros es muy oportuna, pero también es demasiado tardía”, reitera, justo antes de recordar que “ha habido personas sordociegas que durante años han vivido una vida que ni yo mismo sería capaz de imaginar en la amplitud de su sufrimiento, de su inutilidad, de su desolación… Sólo muy pocos, poquísimos, han logrado llevar una vida aceptablemente significativa, con motivación, por ser inteligentes, fuertes y decididos a seguir adelante, aunque fuera solos”.

Un aspecto más que regula esta Ley es el trabajo de los intérpretes de la Lengua de Signos. En concreto, la norma facilitará a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas la utilización de intérpretes de lengua de signos y el establecimiento de medios de apoyo a la comunicación, cuando lo precisen, en diferentes ámbitos públicos y privados: educación, formación y empleo, salud, cultura, deporte y ocio (se debe solicitar previamente), transporte, relaciones con las administraciones públicas, participación política y medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información.

La figura profesional del intérprete de lengua de signos fue reconocida oficialmente en 1987. Por primera vez se institucionalizó un servicio de interpretación dirigido a personas sordas y, desde entonces, la presencia de los intérpretes se ha extendido, “aumentando tanto su número como su formación e implantación en todas las comunidades autónomas”, recuerdan desde la Federación Española de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías-Intérprete (FILSE). En la actualidad, se estima que el número de profesionales asciende a 500 en toda España, un elemento imprescindible para posibilitar el acceso a la información y a la comunicación de las personas sordas. En su trabajo, las personas intérpretes deben mantener una actitud imparcial, respetar el secreto profesional y ser fieles al mensaje que transmite la persona emisora, por lo que deben dominar tanto la Lengua de Signos como la lengua oral.

El presidente de la Coordinadora de Intérpretes y Guías Intérpretes de Lengua de Signos Española de la Comunidad Autónoma de Madrid (CILSEM), Jordi Ferré, explica que la mayoría de intérpretes de LSE suelen ser también guías interpretes de personas sordociegas. Respecto a la Ley, recuerda que obligará a que, como mínimo, haya intérpretes en los ministerios, ayuntamientos, comunidades autónomas y otros centros oficiales de gran afluencia de ciudadanos, “lo que significará más puestos de trabajo para intérpretes de LSE, pero no necesariamente mejores condiciones laborales”. “Si las administraciones contratasen directamente a los intérpretes por mediación de las respectivas asociaciones de intérpretes, sí mejorarían las condiciones laborales de los mismos”, reivindica.

Reconoce que en los últimos años ya se había detectado una mayor sensibilización y contratación de intérpretes para actos públicos, aunque lamenta que todavía no haya suficientes centros en los que aprender esta lengua y que pocos sean públicos: “Según mis conocimientos, en la Comunidad de Madrid existen cuatro centros y únicamente uno de ellos es público”. Por su parte, Daniel Álvarez Reyes se queja de que la norma no incluye la figura del mediador, una ayuda totalmente necesaria para la integración de las personas sordociegas, puesto que es el enlace entre la persona y su entorno. Cuando además de la audición se pierde la visión, se utiliza la llamada LSE apoyada, una comunicación receptiva a través de las manos, por lo que no recoger la figura del mediador en la Ley es no reconocer plenamente el derecho de las personas sordociegas a comunicarse.