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Ley de Dependencia

Cualquier duda sobre la aplicación de la norma se puede resolver a través de un teléfono de información gratuito

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: jueves 16 marzo de 2006

Tras la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, el Ministerio de Trabajo ha habilitado el teléfono gratuito 900 40 60 80 para que los ciudadanos y ciudadanas resuelvan cualquier duda sobre la aplicación de la norma. La campaña fue puesta en marcha en enero y continuará, por lo menos, hasta el 1 de abril. A partir de ese día, las personas interesadas podrán solicitar la evaluación de su grado de dependencia para acogerse a las diferentes ayudas que prevé la Ley. En total, el Gobierno y las comunidades autónomas aportarán hasta 2015 cerca de 25.000 millones de euros y se calcula que 1.125.000 personas se beneficiarán de las prestaciones.

Ayudas económicas

Hasta 2015 las administraciones públicas destinarán más de 25.000 millones de euros -más de 12.368 millones por parte del Gobierno central y una cantidad similar a cargo de las comunidades autónomas- para poner en marcha el sistema que prevé la Ley de dependencia. De momento, la cantidad acordada para 2007 alcanza los 800 millones de euros, considerados suficientes para garantizar la atención a los grandes dependientes. Esta ayuda económica se distribuirá de cuatro maneras: vinculada a la contratación de un servicio privado en caso de que no se disponga de plaza en la oferta pública, compensación por los cuidados en el entorno familiar, prestación de asistencia personalizada y beneficios fiscales para aquellas personas que contraten un seguro privado.

La cantidad que percibirán quienes contraten un servicio privado dependerá del grado de dependencia y la capacidad económica del beneficiario, y servirá para sufragar los gastos de un Programa Individual de Atención determinado por la propia comunidad autónoma. La Ley prevé una prestación básica que las comunidades autónomas podrán incrementar, con cargo a sus presupuestos. Si no fuera posible contratar un servicio privado, de modo excepcional el usuario podrá recibir una compensación económica para ser atendido por un familiar, “siempre que se den las circunstancias familiares y de otro tipo adecuadas para ello”, recuerda el Imserso.

Esta última modalidad pretende reconocer la labor de aquellas personas, sobre todo mujeres alrededor de 50 años, que se encargan de cuidar en su casa a familiares mayores dependientes. En esta circunstancia, la norma prevé que el cuidador reciba una compensación económica por ello y que se dé de alta en la Seguridad Social. “El apoyo a cuidadores conlleva programas de información, formación y periodos de descanso para los cuidadores no profesionales, encargados de la atención de las personas en situación de dependencia”, agregan desde el Imserso.

El objetivo es que los familiares cuidadores reciban una compensación económica por su labor, que en la mayoría de los casos les impide tener un trabajo remunerado fuera del hogar, y que adquieran unos conocimientos para incorporarse en el mercado laboral como cuidador profesional, en residencias o centros de día, cuando no tengan ya a un familiar dependiente a su cargo.

Por otra parte, las personas menores de 65 años con gran dependencia podrán recibir una prestación económica para contratar una asistencia personalizada durante un número de horas, que le facilite una vida más autónoma, el acceso a la educación y al trabajo, y el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria, según recoge el artículo 18 del anteproyecto.

Si no cumplen estos requisitos, la Ley reconoce la aplicación de sanciones por infracción leve (multa de hasta 300 euros a los cuidadores y hasta 30.000 euros a los proveedores de servicios), grave (multa de 300 a 3.000 euros a los cuidadores, y de 30.001 a 90.000 euros a los proveedores de servicios) y muy grave (multa de 3.001 a 6.000 euros a los cuidadores, y de 90.001 hasta un máximo de un millón euros a los proveedores de servicios). En concreto, se considerará infracción la comisión de los siguientes supuestos

  • Dificultar o impedir cualquiera de los derechos de las personas en situación de dependencia.
  • Obstruir la acción de los servicios de inspección.
  • Negar el suministro de información o proporcionar datos falsos.
  • Aplicar las prestaciones económicas a finalidades distintas a aquellas para las que se otorgan, y recibir ayudas, en especie o económicas, incompatibles con las prestaciones establecidas en la presente Ley.
  • Incumplir las normas relativas a la autorización de apertura y funcionamiento y de acreditación de centros de servicios de atención a personas en situación de dependencia.
  • El trato discriminatorio a la persona en situación de dependencia.
  • Conculcar la dignidad de las personas en situación de dependencia.
  • Generar situaciones de riesgo o daño para la integridad física o psíquica.
  • El incumplimiento de los requerimientos específicos que formulen las Administraciones Públicas competentes.

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