El aplazamiento de la aprobación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de la Asamblea General de la ONU ha levantado las críticas de representantes de grupos indígenas y activistas de derechos humanos. El texto reconoce el derecho de los 370 millones de indígenas que hay en el mundo a la libre determinación y establece que estas comunidades deben dar su consentimiento a la explotación de los recursos naturales de sus tierras.
«Estamos indignados, después de 20 años de trabajo, cuando la Declaración simplemente son estándares mínimos para respetar los derechos de los indígenas de todo el mundo», señaló Roberto Mucaro Borrero, de la etnia taina y representante del Caucus de los Pueblos Indígenas.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la Declaración el pasado 29 de junio, pero el III Comité de la Asamblea General, que se encarga de asuntos sociales y culturales, no logró ratificarla el 28 de noviembre. Este comité aprobó una moción para aplazar la decisión, a petición de los países africanos, que contaron con el apoyo de Australia, Canadá, EE.UU. y Nueva Zelanda.
Mucaro lamentó que fueran los países africanos, que tienen amplias comunidades indígenas y que se mantuvieron al margen durante las negociaciones de la Declaración, los que la bloquearan finalmente.
«Estos países no bloquearon el documento en el Consejo de Derechos Humanos y sí lo han hecho en el III Comité. En esto tienen que ver consideraciones como relaciones económicas y presiones por parte de otros gobiernos», dijo el representante indígena.
«Falta de respeto»
Por su parte, Phil Fontaine, jefe nacional de la Asamblea de Primeras Naciones de Canadá, afirmó que el aplazamiento es «una falta de respeto» para las poblaciones indígenas del mundo, especialmente porque la Declaración no tiene carácter vinculante.
Igualmente, Alison Graham, de la organización Servicio Internacional para los Derechos Humanos, lamentó que la ONU haya perdido una oportunidad histórica para abordar la brecha existente entre indígenas y el resto de la población en materia de derechos humanos.
«Esta decisión demuestra la discriminación que padecen los indígenas en comparación con el resto de la gente, pues se les impide que puedan tener el control de sus vidas, acceso a los recursos naturales y practicar sus culturas», declaró Graham.