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ONG denuncian la venta de armas españolas a países en riesgo de que se violen los derechos humanos

Critican que durante 2007 se vendió material bélico a Colombia, Pakistán, Israel y Marruecos, entre otros

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  • Fecha de publicación: viernes 4 julio de 2008
La venta de armas españolas al extranjero continúa su tendencia al alza, según denuncian Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, la Fundació per la Pau y Greenpeace, tomando como referencia las estadísticas oficiales de las exportaciones españolas de material de defensa y de doble uso en 2007, que el Gobierno ha remitido recientemente al Congreso de los Diputados. De esta forma, a lo largo del pasado año se alcanzaron los 932 millones de euros, un 10,4% más que en 2006.

España sigue vendiendo armas a países en los que hay un riesgo real de que contribuirán a la violación de los derechos humanos, a la perpetuación de los conflictos armados y al deterioro de su desarrollo sostenible, según indican las citadas organizaciones en una nota de prensa.

Además, estas transferencias ponen de manifiesto que "el Gobierno español sigue sin cumplir de forma estricta el Código de Conducta de la Unión Europea, lo que exige sin más demora el control efectivo del comercio de armas".

"La ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso aprobada por el Parlamento español en diciembre de 2007 es un paso adelante importante que tiene que traducirse en mayor control para poner fin al enorme coste humano que tienen las transferencias irresponsables de armas", señalan las ONG, que recuerdan que la norma obliga al Gobierno a denegar transferencias que vulneren los criterios del Código de la UE y a tener en cuenta los informes de organismos internacionales como Naciones Unidas u otros para valorar la situación de los derechos humanos, estabilidad o riesgo de conflictos del país de destino antes de decidir sobre una exportación.

Falta de información

La venta de armas a Colombia por valor de más de 15 millones de euros en 2007 es uno de los asuntos que preocupa a estas cuatro organizaciones. "El Gobierno sigue sin aclarar los criterios que utiliza para autorizar la venta de este tipo de armas a un país sumido desde hace décadas en un conflicto caracterizado por las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de todos los actores implicados", apunta la nota.

Aunque el Ejecutivo informa de la venta de 20 vehículos todoterreno por valor de 1,8 millones de euros a Marruecos, no proporciona información detallada sobre los 9.000 millones que se han vendido bajo la descripción de "bombas, torpedos, cohetes y misiles", destacan los colectivos denunciantes, que añaden que también son preocupantes las ventas a Pakistán por valor de 970.000 euros dado el recorte de derechos y libertades y represión por parte de las fuerzas de seguridad en el país el año pasado.

Israel es otro destino donde las ventas "siguen siendo irresponsables" (1,5 millones de euros) y sobre el que no existe ninguna garantía de que el material vendido no contribuirá a más violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, afirman. Por lo que se refiere a las ventas de material y tecnologías de doble uso, entre las operaciones ya realizadas y otras en fase de autorización, figuran países destinatarios como Irán, China, Israel o Myanmar, este último con una recomendación de embargo de la propia Unión Europea.

Caza y tiro deportivo

Las organizaciones lamentan también las enormes cantidades de munición para caza y tiro deportivo que España exporta a países del África Subsahariana, que en 2007 no fueron sometidos a control. De las estadísticas oficiales solamente se desprende que hubo un mínimo control sobre las armas de caza vendidas a Guinea Bissau, Kazajstán, Mongolia, Namibia, Senegal y Tanzania. Sin embargo, los 3,5 millones de euros en concepto de munición que España vendió a Ghana en 2007 no fueron revisados por las autoridades.

Las ONG señalan que aunque es positivo que la nueva ley obligue a partir de 2008 al control de este tipo de productos, el Gobierno español ha incumplido "la obligación que tiene en virtud de la ratificación del Protocolo sobre Armas de Fuego de Naciones Unidas a ejercer un control sobre las armas de caza, tiro deportivo y sus municiones".

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