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Sanidad reformará el Sistema de Dependencia en colaboración con las comunidades autónomas

El Ministerio persigue una Ley de Dependencia que sea viable y sostenible en el tiempo con independencia de quién gobierne y de la situación económica

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: viernes 13 abril de 2012
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas han alcanzado una propuesta inicial de Acuerdo por los Servicios Sociales y la Dependencia, que será uno de los pilares del futuro Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales que la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha propuesto a las autonomías. Mato defendió que este acuerdo "permitirá que los servicios sociales y la dependencia se centren, y más en estos momentos, en la atención que precisan los ciudadanos".

El objetivo de la reforma, según dijo Mato, es lograr una Ley de Dependencia que sea "viable y sostenible en el tiempo" con independencia de "quién gobierne y de la situación económica". La ministra anunció que se analizará el funcionamiento y financiación de la ley y se establecerán criterios comunes y servicios básicos "para garantizar los mismos servicios con la misma calidad en toda España".

Mato considera necesario adecuar la normativa a la situación de dependencia y establecer criterios comunes en aspectos como el baremo de valoración. También defendió la necesidad de aunar criterios para medir la capacidad económica de los usuarios, y de simplificar y unificar el procedimiento para el reconocimiento del derecho de las personas dependientes a la atención.

De igual modo, la ministra abogó por priorizar las prestaciones a través de la red pública de servicios sociales, "que es la manera de crear empleo". En este sentido, señaló que es necesario reforzar la relación entre el cuidador familiar y la administración, para garantizar la calidad en la atención y la preparación de los cuidadores.

El tercer punto del acuerdo inicial aprobado por Sanidad y las autonomías es la constitución de cuatro grupos de trabajo integrados por las comunidades autónomas que analizarán el baremo de valoración de la dependencia, la adecuación de los servicios y prestaciones a sus beneficiarios a fin de fijar una cartera única en todo el país, el procedimiento de tramitación para el acceso a las prestaciones y los "aspectos económicos" de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

El resultado de los informes que elaboren estos grupos de trabajo, que deberán presentarse en el plazo de un mes, servirán para elaborar un catálogo de "medidas conjuntas" para mejorar el sistema, que se presentará al Parlamento en el plazo de dos meses y formará parte del Pacto Socio-Sanitario que impulsa el Gobierno.

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