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Un total de 34 organizaciones sociales piden a los parlamentarios que voten en contra de la aprobación de la reforma sanitaria

Ponen de manifiesto que su ratificación supondrá cambios fundamentales en el sistema sanitario público, en especial para la población inmigrante

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: miércoles 16 mayo de 2012

www.sanidadparatodos.org, que incluye un texto explicativo de la campaña y una propuesta de “ciberacción” para enviar un correo electrónico a los diputados donde se solicita que se tengan en cuenta sus reivindicaciones antes de decidir su voto.

Una de las organizaciones que forman parte de esta campaña, Red Acoge (federación de asociaciones y organizaciones para la atención integral de los inmigrantes extranjeros que residen en España), señala que la aprobación de este decreto ley “supondrá cambios fundamentales en el sistema sanitario público, especialmente para la población inmigrante”.

En la carta redactada por las organizaciones se explica que la puesta en marcha del real decreto implica, además de las modificaciones sustanciales de la legislación vigente, “un cambio importante en la concepción de la atención sanitaria que se conoce hasta la fecha”. Además, afirma que una modificación de esta envergadura “hubiese necesitado de una norma de rango superior, un debate previo abierto tanto en el Parlamento como en aquellas entidades que trabajan en estos campos. De esta manera, se garantizarían y respetarían los derechos fundamentales de todos los ciudadanos sin tener en cuentan su lugar de nacimiento”.

Uno de los grupos más afectados por estos cambios es el de los extranjeros nacionales de países terceros que carecen de autorización de residencia en España, cerca de unas 150.000 personas que solo tendrán derecho a la asistencia de sanitaria de urgencias, salvo en el caso de mujeres embarazadas y menores.

También alertan de que las medidas propuestas en el real decreto ley “traerán consigo una vulneración del principio de equidad que guiaba hasta el momento las políticas de sanidad de este país y puede provocar en la práctica, no sólo el colapso de las zonas de urgencias de los hospitales españoles, aumentando -paradójicamente- los costes en la atención sanitaria de la población, sino dividir a la sociedad en ciudadanos de plenos derechos y no ciudadanos o ciudadanos sin derechos”.

Las organizaciones y entidades reunidas para esta campaña reivindican apostar por un sistema de atención sanitario, universal y gratuito, de acceso normalizado para todas aquellas personas con vecindad en nuestro país y gestionado por la Administración pública. De igual modo, piden al Gobierno que tenga en cuenta las recomendaciones efectuadas por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que aconseja que “el acceso a la atención sanitaria necesaria debe facilitarse a los inmigrantes irregulares con arreglo a los mismo criterios que los nacionales, aplicando idénticas normas en materia de pago de honorarios y exenciones”.

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